Por concluir ya el segundo año de la actual administración, un balance preliminar de la gestión 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio arroja resultados más bien deficientes. Mucho tiene que ver con las expectativas que se habían creado en torno a dicha cartera debido a la llegada de un gobierno cuya vocación ideológica tenía como uno de sus pivotes, precisamente, el mundo de la cultura. Esto mirado en un sentido amplio, pero también desde el deseo de relevar la gestión administrativa de dicho ministerio y fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos en sus demandas específicas por el acceso a la creación y consumo de actividades culturales.

La sucesión de tres ministros durante el período es una expresión clara de la falta de experiencia y la confusión general que han afectado al ministerio. La crisis vivida durante la gestión de Jaime de Aguirre, en torno a la negativa de aceptar la categoría de país invitado de honor para 2025 a la Feria del Libro de Frankfurt fue causada, en buena medida, por la inexperiencia en la instalación de los equipos de gestión; en este caso, de manera muy sensible, del Consejo del Libro, debido a su acefalía casi desde los inicios del Gobierno y al desmembramiento de parte de su equipo técnico. Algo similar puede decirse de lo sucedido con la participación de Chile en la Bienal de Venecia para este año, donde abundaron las desprolijidades y falta de información oportuna. Por último, el protagonismo de esta cartera en las actividades por los 50 años del golpe de Estado no tuvo una evaluación unánime. Fue más bien vista como una tarea asignada, cuyo control político real estuvo en otras áreas del Gobierno.

La transformación del antiguo Consejo de las Culturas en una estructura con rango ministerial, a partir de 2018, ha estado como trasfondo de las numerosas paralizaciones y huelgas de funcionarios que afectan recurrentemente el normal funcionamiento de esta cartera. Los días en paro de diversos sindicatos sumaron varios meses durante 2023, afectando con ello al público en la provisión de servicios como bibliotecas y museos, en una situación que llegó a extremos en el caso del Bafona. El atraso en la implementación de las seremías debido a la pandemia, pero sobre todo, la duplicación de funciones y departamentos en el área del patrimonio, antes gestionada por la antigua Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), más la difícil homologación de carreras funcionarias, solo tendría una solución eficaz simplificando la estructura burocrática que se le ha dado a la ex Dibam.

Un aspecto positivo, aunque no podría decirse que haya sido buscado deliberadamente, ha sido la mantención de los fondos concursables como criterio dominante en las políticas de asignación de recursos. Estos fondos no han disminuido en sus montos, desechándose hasta ahora la consigna de campaña de “desfondarizar” el ministerio. Las asignaciones directas no han crecido mayormente, debido en buena parte al escándalo del caso Convenios, que inhibió a la autoridad de innovar respecto de procedimientos que, como los concursos, han demostrado un razonable desempeño por décadas.