Transcurridos ya 10 días desde los devastadores incendios en la Región de Valparaíso, se van acumulando antecedentes que hablan de un Estado deficitario en sus capacidades de prevención y manejo frente a este tipo de catástrofes. El retraso del municipio viñamarino en la actualización de su plan de emergencia, si bien la autoridad local lo ha atribuido a cuestiones formales, parece emblemático de la situación.

Especialmente graves resultan, en tanto, las evidencias respecto del mal funcionamiento del sistema de alertas a teléfonos celulares. Se ha dicho que el propio incendio causó en parte el problema, pues destruyó muchas de las antenas, impidiendo que los mensajes llegaran a tiempo; ello, sin embargo, no hace más que confirmar su insuficiencia y la necesidad de complementarlo con otras vías de comunicación. No menos complejo es el hecho de que, recibida la alerta, no hubieran existido orientaciones respecto de hacia dónde huir. Las macabras imágenes de hileras de autos quemados sintetizan las consecuencias de aquello, en un área con deficientes vías de acceso y salida. Ha quedado claro en este sentido que, a diferencia de lo que ocurre frente a terremotos o tsunamis, en que se ha avanzado sustantivamente en la preparación de la ciudadanía, no sucede así en el caso de los incendios. Junto con campañas de información, es necesario diseñar mecanismos de evacuación temprana e identificar lugares que, por sus características, ofrezcan un grado mayor de seguridad.

El crecimiento inorgánico de algunas ciudades costeras, con una gran proporción de asentamientos informales ubicados en cerros con alto riesgo de incendio, representa uno de los desafíos más difíciles de abordar, cuando el país, por otro lado, registra un déficit de más de 600.000 viviendas. En estas condiciones, puede terminar siendo virtualmente imposible evitar que las personas habiten esas áreas. De hecho, en muchos casos existen allí poblaciones que han terminado siendo regularizadas por la autoridad. En tal caso, hay una responsabilidad mayor de los gobiernos regionales y de los municipios. Deben establecerse cortafuegos efectivos entre los bosques y las viviendas, y la maleza y arbustos que crecen en los cerros deben ser controlados durante el verano, para reducir el material combustible. Los testimonios de los vecinos de la Región de Valparaíso hablan de deficiencias también en este plano.

Una mirada crítica de todo lo que falló en esta emergencia es fundamental, no para alimentar controversias políticas menores, sino por la urgente necesidad de mejorar las capacidades del país ante la recurrencia de estos desastres. En efecto, el cambio climático ha aumentado en el mundo la frecuencia de los llamados “megaincendios”. Así, en las regiones de veranos secos (desde California hasta Australia, y también en Chile) los incendios se han hecho más catastróficos, y ubicaciones que en el pasado presentaban un riesgo menor son ahora más peligrosas. El país debe hacerse cargo de esta nueva realidad.