En términos económicos, lo claro del año que terminó es el control de la inflación. Después de los retiros de los fondos de pensiones y un exceso de gasto/transferencias fiscales, la inflación llegó a un 12,8% anual, y surgió la inquietud de que la inflación podría quedarse para siempre como ocurrió previo al retorno a la democracia. La política monetaria contractiva, coordinada con una clara reducción del gasto fiscal, permitió anclar las expectativas de alzas de precios, controlar la inflación y terminar este año con una inflación de un 3,9%. A pesar de las turbulencias políticas, nuestras instituciones macroeconómicas siguen funcionando.

En diciembre del 2023, terminó el proceso que comenzó con el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Lo claro, este acuerdo significó descomprimir la compleja situación que vivía el país a finales del 2019. Permitió una salida institucional a un conflicto que ponía en duda la continuidad del gobierno. Lo oscuro es que en dos oportunidades no logramos levantar un texto que concitara el acuerdo de una clara mayoría. De gris, hoy ningún chileno podrá cuestionar la legitimidad de la Constitución que hoy nos gobierna. Este es un punto positivo, pero que se logró con un alto costo: 4 años de discusión y alta incertidumbre, y aún con un régimen político a perfeccionar.

Lo vergonzoso del año vino de la mano del caso Hermosilla, las facturas falsas y el fraude tributario, además del caso Convenios, y el mal uso de los dineros municipales por parte de los alcaldes Katty Barriga, Irací Hassler, Daniela Peñaloza, Daniel Jadue, Raúl Torrealba, entre otros. El primer caso nos muestra cómo un “destacado” abogado de la plaza, que incluso en algún momento fue nombrado como posible ministro de Justicia, utiliza el soborno y el tráfico de influencias como herramientas para lograr beneficios monetarios. Lo más sorprendente es que los involucrados, mientras delinquen, muestran un completo conocimiento del sistema y actúan como si sus delitos, por ser “económicos”, no son comparables o reprochables como un delito de la calle. Este caso, que sale a la luz por una autodenuncia, nos muestra lo importante que es que el Estado cuente con herramientas eficaces para combatir delitos que son perpetrados por personas con muchos conocimientos legales y redes de contactos.

El caso Convenios nos mostró cómo una diputada, expresidenta de uno de los principales partidos del Gobierno, y un expresidente de la FECh utilizaron dineros dirigidos a los más pobres para financiar gastos personales y un aparato político-partidario. Lo sorprendente de este caso es que estas mismas personas, hace unos años, se autoproclamaban en un estatus moral superior que les permitiría plantearse como una mejor alternativa al Chile de las últimas décadas. Este caso nos muestra que no existen los santos o líderes espirituales en política, y que la institucionalidad debe velar por que exista transparencia y también controles internos eficaces: una Contraloría eficaz y 100% dedicada a su rol de fiscalización de la legalidad del actuar del Ejecutivo.

El tercer caso nos muestra una vez más las falencias que tienen nuestros municipios. Desfalcos cifrados por sobre los 30 mil millones de pesos en Maipú, 500 millones de pesos en Vitacura, más de 4 mil millones de sobreprecio en Santiago centro, otros 500 millones de sobreprecio en Las Condes, y las coimas en las Farmacias Populares de Recoleta, nos muestran que este ya es un problema mayor. El caso nos muestra que el consejo comunal, como ente fiscalizador, no está cumpliendo su rol. La Contraloría también muestra dificultades en frenar este tipo de conductas.

Los escándalos, la incertidumbre que generaron las posturas populistas y maximalistas de las propuestas constitucionales, unidas a una notoria incompetencia de muchas autoridades, no permitieron avanzar en términos económicos ni sociales este año. Chile tiene el tercer peor crecimiento de Latinoamérica, y las proyecciones son pobres para este año.

¿Queda algo de esperanza frente a este oscuro escenario? Creo que debemos ser optimistas. El proceso constitucional nos mostró cómo la presencia de grupos con posturas maximalistas impide avanzar, las que en dos oportunidades estas fueron rechazadas por la ciudadanía. Ello ha sido una importante lección para todo el sistema político, dando cuenta de la importancia de mantener los pies en la tierra y mirar las verdaderas necesidades del país.