¿A qué se debe la seguidilla de errores y tropiezos que, en múltiples casos —en las pensiones de gracia, en los indultos o a la hora de explicar las reuniones de cabildeo—, ha incurrido el Gobierno con rara porfía? En todos esos casos ha habido idas y venidas, tomas de decisiones que luego se deshacen y el resultado, como es obvio, es una pérdida de prestigio del Gobierno y una desorientación de la ciudadanía.

Aquí va una explicación.

A la hora de evaluar las propias acciones y las ajenas, hay dos códigos normativos más bien obvios a los que suele recurrirse.

Uno de ellos es lo que podríamos llamar el código de la moralidad. Este consiste en juzgar las acciones a la luz de una conducta esperada, previamente definida por ciertos bienes que se supone relevantes o muy importantes para la vida social, v. gr., transparencia, probidad, igualdad, etcétera. Lo propio de ese punto de vista es que es de mera convicción: si algo no se ajusta a esos bienes, entonces merece, sin más, reproche y rechazo.

El otro código es el de la legalidad. Este consiste en juzgar las acciones por su apego o desapego a la ley que es un código de conducta, por decirlo así, de mero tráfico, que no juzga la conducta a la luz de los bienes antes mencionados, sino que atiende a la medida en que la conducta externa, por los motivos que sean, se apega o se aparta de la ley.

Un buen ejemplo del empleo de un código de pura moralidad se encuentra en el comportamiento, por ejemplo, del Presidente Gabriel Boric cuando fue diputado. Entonces todas las acciones ajenas fueron juzgadas, y a veces enjuiciadas, a la luz de las propias convicciones. La muerte de un ciudadano a manos de un policía era mala en sí misma, sin atender a las circunstancias; la conducta del gobierno de Piñera, deplorable puesto que no estaba a la altura de las convicciones con las que se le juzgaba; una iniciativa medioambiental, una contribución al desastre climático y así un acto inhumano; esto y aquello resultaba inaceptable, etcétera.

Ahora bien, una vez que se alcanzó el poder, el Presidente Boric ha descubierto que juzgar a un gobierno por la mera moralidad de su actuar (donde moralidad significa no un código objetivo, sino el puñado de convicciones de quien critica o enjuicia) conduce siempre a una conclusión negativa, porque la realidad obliga a maniobrar hacia allá y hacia acá, haciendo cosas o ejecutando conductas que las meras convicciones no admitirían.

Entonces, luego de haber caído en la cuenta de lo anterior, se ha recurrido al otro código: el de la mera legalidad. Un buen ejemplo de esto ha sido la actuación del ministro Cordero, que ha recurrido a enrevesadas opiniones del derecho administrativo para explicar, justificar o atemperar la crítica formulada frente a las acciones del Gobierno. Entonces el Gobierno suele comportarse en la esfera pública como si estuviera en una audiencia ante la Contraloría General de la República o en un litigio judicial: que esto es admitido por tal regla, que tal circular dice esto otro, que la mejor interpretación es la que sigue, etcétera.

El problema —y este parece ser el problema del Gobierno— es que falta en él un discernimiento propiamente político, es decir, un análisis que, sin renunciar a los propios objetivos, tenga en cuenta las expectativas de la ciudadanía y ejecute un curso de conducta que sea comprensible para la opinión pública. Y ello no se alcanza ni moralizándolo todo (como en su hora lo hizo el entonces diputado Boric), ni juridificándolo todo (como lo hace el ministro Cordero).

La vacilación entre esos dos planos es el principal defecto del Gobierno. No se puede reaccionar frente a los temas de seguridad aleccionando a los ciudadanos con promesas (¡perseguiremos la delincuencia con decisión perruna! ¡No podemos aceptar esto o aquello!) o, en su caso, explicar las propias torpezas echando mano a las explicaciones jurídicas (la ley no exige revisar los antecedentes penales de los indultados, las pensiones de gracia no son revocables, la ley de lobby no regula propiamente el lobby, etcétera).

El problema de esos dos tipos de explicaciones es que no apelan al principal interlocutor del político y de cualquier gobierno: la ciudadanía, la opinión pública, que ni requiere ser aleccionada desde la convicción cercana al lugar común, ni es un foro legal o litigioso.

Y es raro que una fuerza política que se precia de provenir de los movimientos sociales haya alcanzado tal desconexión.

Carlos Peña