Diciembre de 2023, apenas dos semanas atrás: cuatro años habían pasado ya desde la insurrección violenta de fines de 2019 y entonces, legítimamente, podían afirmarse dos conclusiones ampliamente compartidas:

Primero, la inmensa mayoría de los chilenos no quisieran volver a repetir una situación como aquella y, segundo, esa misma amplia mayoría se ha convencido de que hubo una astuta y meditada planificación y ejecución de los hechos, la que elimina toda posible espontaneidad, todo supuesto “estallido”.

Y de pronto, irrumpe el caso del general Yáñez. Que los fiscales estén procediendo del modo en que lo hacen no es cuestión censurable: sus motivos tendrán y su responsabilidad ejercen, más allá de que sea justo lo que plantean o de que logren o no el objetivo propuesto.

Pero que el Partido Comunista haya entrado al tema con la agresividad ya conocida, es motivo de seria reflexión.

¿Por qué el PC le complica la vida a su propio gobierno? ¿Por qué insiste en revivir todo lo que la mayoría de los chilenos consideran una experiencia de auténtico “nunca más”? La razón es clara: aunque el marxismo parezca progresivo, los marxistas son atávicos, practican un eterno retorno a sus propósitos iniciales.

Lo que declararon y ejecutaron en esas terribles semanas de octubre y noviembre de 2019 sigue presente —y pendiente— en sus diseños. Recordemos que la bancada de diputados comunistas justificaba la “desobediencia civil” y rechazaba “la criminalización y el uso de la violencia” por parte de Carabineros, ya el mismo 18 de octubre. ¿Qué significan la defensa de algunos indultados y pensionados de alta peligrosidad criminal, y las presiones para que el Gobierno destituya al general Yáñez, sino un eterno retorno a esos propósitos de hace cuatro años? ¿No son acaso claras señales del modo inaceptable en que desde el PC se valoran esas fuerzas antagónicas, las de la “primera línea” criminal y las de Carabineros?

Algún día se sabrá hasta dónde estuvieron implicados los comunistas en la preparación y ejecución del octubrismo. Pero mientras el PC logre reavivar inquinas contra Carabineros, su propia responsabilidad estará a cubierto. Y si a eso se le suma que, cerrado el segundo proceso constituyente, una de las vías para abrir un tercero, a lo Jadue, es la de una futura violencia recargada, entonces, con mayor razón, hay que debilitar a Carabineros.

Paradojalmente, a esa misma tendencia atávica pertenece la decisión del ministro comunista de Educación respecto de la información sobre el ingreso a las universidades. Se trata, una vez más, de que la verdad no se sepa, de un eterno retorno a la mentira inicial, consistente en que lo que corresponde es nivelar para abajo.

Todas las reformas educacionales de Bachelet apoyadas por los comunistas, todas las políticas de “ojos cerrados” frente a la violencia en los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago —Municipalidad en manos comunistas— están dando sus frutos: los resultados en la educación pública son deplorables y dejan en claro la verdad de su destrucción.

Por lo tanto, hay que ocultarlos lo más posible, hay que prohibir que se sepa que los padres están matriculando a sus hijos de más talento fuera de la educación pública, hay que insistir en la mentira inicial: todos los malos resultados se deben a que una educación es pagada y la otra no, como si no pagáramos todos los chilenos para que la educación pública, ¡con nuestros impuestos!, sea de calidad.

¿Cree el ministro Cataldo que con su absurda indicación va a evitar que las personas tomen decisiones libres y a favor de un futuro mejor? No, seguramente no.

Lo que sí seguramente cree es que no hay futuro mejor que destruir la libertad. El eterno retorno.