El argumento principal que ha surgido como cuestionamiento al acuerdo Codelco-SQM anunciado el 27 de diciembre es que una licitación internacional habría significado más ingresos para el fisco y que en consecuencia la negociación directa que se realizó representa una pérdida patrimonial para el Estado.

De acuerdo con las estimaciones realizadas hasta ahora, esto no es verdadero, ya que una licitación contiene no solo los ingresos ofrecidos por el adjudicatario, sino que varios costos que son ineludibles.

El convenio Corfo-SQM de 2018 establece que SQM debe devolver en 2030 todas las pertenencias del salar de Atacama y sus activos al Estado de Chile, sin incluir la planta de refinación del salar del Carmen, la mayor del mundo, que procesa la salmuera concentrada de litio y la transforma en carbonato o hidróxido de litio grado técnico y de baterías. El convenio también establece que cualquier empresa que produzca litio a partir de 2030 en las pertenencias antes ocupadas por SQM debe pagar al Estado de Chile el valor de mercado del porcentaje de propiedad al que aspira, restando el valor de la planta del Carmen.

Lo que emerge del análisis de cifras conocidas mucho antes que el Presidente Boric asignara a Codelco la responsabilidad de negociar con SQM, es que los ingresos netos (ingresos menos costos) de una licitación internacional no podrían superar los ingresos netos de una negociación directa, si esta está bien lograda.

Entre los costos de una licitación se cuentan:

Primero, adjudicar la licitación a una compañía que no conoce el salar de Atacama, es decir, el yacimiento, y que tendría que comenzar a operar la faena mayor del mundo de salmuera, utilizando la planta de refinación, o reemplazándola por una nueva tecnología no probada a esta megaescala, es un riesgo inmenso.

Segundo, una licitación lleva a una pérdida completa de producción de varios años, ya que el permiso ambiental de SQM se termina en 2030, lo que exige realizar y aprobar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incluida una consulta indígena.

Realistamente, este EIA no podría comenzar a realizarse antes de 2030 por un nuevo adjudicatario y el tiempo mínimo para lograr la elaboración, evaluación y aprobación se estima en mínimo tres años, tras lo que hay que construir las instalaciones que se requieran, si fuera necesario, sumando dos años más. Ello lleva a una pérdida o valle de producción de cuatro a cinco años, lo que en un escenario sin cambio tecnológico representaría una pérdida de ingresos fiscales acumulados de al menos 7,5 mil millones de dólares en valor presente, equivalentes a dos puntos del PIB, considerando una producción anual de 200 mil toneladas y un precio de 20 mil dólares por tonelada de carbonato de litio. Si hubiese cambio tecnológico, la pérdida debido a una licitación sería alrededor de 60% del valor indicado.

Tercero, una licitación perdería también los ingresos extras del fisco antes de 2030 logrados por el acuerdo Codelco SQM, ya que aunque hubiese una autorización de aumento de producción para SQM, esta no tendría incentivos para invertir teniendo un horizonte futuro tan pequeño. Este aspecto representa una pérdida adicional de cinco mil millones de dólares para el fisco en valor presente, sumando otros 1,3 puntos del PIB.

Cuarto, sin una negociación directa, Codelco no habría avanzado en la explotación del salar de Maricunga. Ello representa una pérdida futura de más de mil millones de dólares.

Considerando solo estos aspectos, y hay más, aunque las pérdidas de ingreso del fisco de una licitación adjudicada a un nuevo operador se minimicen, esta alternativa no genera ni cercanamente un ingreso neto para el fisco comparable con los ingresos de la negociación directa que conocemos.

Gustavo Lagos
Profesor UC