Paradójico es el escenario al que se enfrenta el oficialismo. El entusiasmo que los hechos de octubre de 2019 generaron en los partidos de Apruebo Dignidad, y el encono que les provocaba Carabineros de Chile, institución por ley llamada a mantener el orden y a la que condenaron airadamente por la represión utilizada para neutralizar a los manifestantes más violentos, ha vuelto a golpearlos como un inesperado búmeran político, ahora que son gobierno.

En efecto, el general director, Ricardo Yáñez, quien asumió en 2020 la jefatura de la institución luego de la forzada renuncia de su antecesor, enfrenta una solicitud de formalización por parte del Ministerio Público, imputado por las supuestas omisiones en que habría incurrido durante aquellos sucesos, cuando se desempeñaba como jefe de Orden y Seguridad. Más allá de la estrategia legal seguida por Yáñez —ha hecho uso de su derecho a guardar silencio, y ha pedido la inhabilitación de los fiscales acusadores—, este proceso deja en una difícil situación al Gobierno. Enfrentado a una grave crisis de seguridad pública —reflejada, por ejemplo, en la serie de homicidios que aterrorizan a la Región Metropolitana—, necesita reforzar la labor policial para poder responder a las demandas de una ciudadanía indignada. Esta le exige respaldar con claridad a Carabineros y su mando en el ejercicio legítimo de la fuerza, entendiendo que ese apoyo es indispensable para una acción policial eficaz. Por eso, olvidando antiguas consignas y la promesa de refundación hecha a sus bases de izquierda, las actuales autoridades han debido empeñarse por dar muestras de apoyo a la institución y a quien la encabeza. En ese contexto, la eventual formalización del general Yáñez, con su impacto sobre el cuerpo policial, significaría un grave golpe y un problema de proporciones para el Gobierno, al afectar el principal instrumento con que cuenta ante la crisis de seguridad. Así se entiende que, según el abogado del uniformado, el propio Presidente Boric hubiera llamado a este para expresarle su apoyo, generando por otro lado el desconcierto de una parte de su propia coalición.

Y es que el problema político de fondo es que el origen de la situación que hoy complica al Presidente y su gobierno se remonta al escenario que él y sus aliados políticos contribuyeron a generar en 2019. Entonces instalaron el discurso de una “violación sistemática de los derechos humanos” y transformaron cada incidente en ocasión para arremeter contra el alto mando de Carabineros, exigiendo renuncias y hasta amenazando con no aprobar su presupuesto. Fue en ese contexto que se gestaron las querellas que hoy tienen al general Yáñez al borde de la formalización, en las que participaron incluso profesionales que luego se integrarían al Gobierno. Tal arremetida ha desembocado en una instancia judicial que amenaza desfondar su estrategia de seguridad pública.

Pero las consecuencias de haber alentado y medrado del octubrismo no se expresan solamente allí. La crisis de los indultos es otra muestra y a ella se han agregado los casos de personas favorecidas con pensiones de gracia pese a tener condenas judiciales por su participación en hechos de violencia. Se evidencia también acá el resultado de haber pretendido mitificar a manifestantes violentos y presentarlos como víctimas. La promesa del Gobierno de impulsar ahora cambios legales para establecer que en adelante deberán tenerse a la vista los antecedentes penales antes de decidir el otorgamiento de estas pensiones poco garantiza. Después de todo, los indultos ya demostraron que la existencia de una abultada carpeta de antecedentes no es obstáculo para acceder a un beneficio presidencial.

Esta resaca que se vuelve contra el Gobierno evidencia una vez más cómo las actuales autoridades, frente al peso de la realidad, han debido retroceder y cambiar los discursos y estrategias que los llevaron al poder. Pero también da cuenta de la inmensa irresponsabilidad con que actuaron cuando eran oposición y abre la interrogante de cuál sería su actitud si volvieran a serlo.