Pregunta de PAES: Un principio ampliamente aceptado es que las familias buscan la mejor educación para sus hijos. La evidencia ha mostrado que el acceso a información de resultados educacionales por establecimiento:

a. Permite a familias elegir y acceder a colegios de mejor desempeño.

b. Beneficia más a estudiantes de hogares más vulnerables y con menor capital social.

c. Incluso familias que no “invierten” activamente en conseguir información toman mejores decisiones.

d. Disciplina la política pública en la búsqueda de mayor calidad.

e. Es negativa y por lo tanto debería prohibirse la entrega de resultados a nivel colegio.

Elija todas las respuestas correctas.

Los puntajes de la PAES recién conocidos confirman la compleja situación educacional que viven miles de familias en Chile.

Partamos por la pesadilla en Atacama. La región tuvo el peor desempeño promedio del país. Era esperable dada la injustificable situación de sus colegios públicos. Así, la pérdida de capital humano ha sido confirmada: el costo para miles de egresados de cuarto medio fue enorme. Con marzo a la vuelta de la esquina, quizás un milagro pueda ayudar a los estudiantes de cursos más chicos que aún no se han enfrentado al impacto material de los largos meses sin clases.

Los resultados también nos recuerdan que los esfuerzos por liquidar a los liceos emblemáticos fueron exitosos. Ni uno solo de esos otrora referentes públicos aparece entre los mejores 100 colegios en PAES. En 2005, por ejemplo, con 747 estudiantes rindiendo la PSU, el Instituto Nacional era 9°, el Carmela Carvajal con 344 egresadas era 32° y el Lastarria con 395 era 86°. En 2023, los colegios públicos dentro del top 100 suman solo 163 egresados. Mala cosa. En el futuro será incluso más difícil tener élites diversas. ¿Importa? Basta notar que la vasta mayoría de la joven élite política que dirige el país hoy no se educó en la educación pública. Esta es una realidad a la que Chile se tendrá que acostumbrar.

Ahora, más allá de una región o los emblemáticos, el ranking PAES confirma que la educación pública en todo el país deja mucho que desear. No hay ningún colegio público dentro de los 20 mejores. El mejor ubicado es el Augusto D'Halmar que en la posición 21 (y cayendo) se esfuerza por sortear los intentos por desmantelarlo de su sostenedor, la Municipalidad de Ñuñoa. Entonces, por supuesto que las brechas entre la educación privada y estatal siguen siendo amplias.

Esto debería obligar a revisar la eficiencia y efectividad de la inversión pública en educación. Y si estamos en esa, ojalá también se sacaran lecciones de los errores tras algunas de las “transformadoras” reformas llevadas casi una década atrás. Han sido miles de millones de dólares mal utilizados y miles de niños los frustrados. Un mea culpa no estaría mal.

Pero aquí viene lo sui generis del caso. Frente a toda esta realidad, al mínimo progreso de los colegios del Estado y a la desatención a las alertas (supimos temprano que el largo cierre de colegios en pandemia tendría efectos graves), una de las mayores preocupaciones de la autoridad parece ser la publicación de los resultados PAES.

Para ser preciso, la Subsecretaría de Educación Superior advirtió a las universidades que las llevaría a la Superintendencia en caso de difundir cualquier resultado “total o parcial” del proceso. De esta forma, no se apunta solo al obvio resguardo de los datos personales de los postulantes, sino que se amenaza incluso frente a la posibilidad de construir, por ejemplo, rankings de colegios. El propio ministro del ramo planteó que construirlos sería un error. Ya, pero momentito, frente a la promesa incumplida de una educación “pública, gratuita y de calidad”, ¿no sería la aparente inclinación por censurar la información una forma de evitar la responsabilidad?

Pero quizás no sea necesario ser tan mal pensado. De hecho, existe otra explicación (menos mala, pero mala igual) a esta pulsión que viene desde la ideología. Esta apunta a la negativa que existe en ciertos círculos de entregar información para comparar colegios, pues así se promovería la competencia en educación. Esto además incluye la idea de que la PAES no sería un instrumento adecuado para medir calidad (críticas al Simce son manifestación de lo mismo) o incluso una oposición frontal a toda selección por mérito académico. Nada de esto hace mucho sentido. No se puede tapar el sol con un dedo. Hay que informar a las familias y a las comunidades educativas de los nulos avances de la educación estatal.

Las alternativas (a), (b), (c) y (d) son las correctas. Por el contrario, casi como un alumno poco dedicado, el Ministerio de Educación se inclina por la (e).

Sergio Urzúa
U. de Maryland y Clapes-UC