Siempre he sido contrario a este tipo de acusaciones constitucionales, que lo que hacen es destituir ministros sin ningún asidero jurídico ni político. Esto revela que estamos ante un parlamentarismo de facto, en que basta que un ministro no tenga la confianza de la mayoría del Congreso para que sea destituido.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, cuenta con el respaldo del Presidente Boric y señala que no renunciará, por mucho que se le hagan acusaciones de haber faltado a sus deberes constitucionales y legales.

La acusación tiene cinco capítulos, que son: responsabilidad constitucional del ministro al haber dejado de ejecutar los arts. 3° y 11 de la ley 18.575, al no ejercer el control jerárquico del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia; y el artículo 41 letra d) de la ley 18.575, al no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización; responsabilidad constitucional por infringir los artículos 3° y 5° de la ley Nº 18.575, al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa Asentamientos Precarios en 2022 y 2023; responsabilidad constitucional por infringir el art. 62 n° 8 de la ley nº 18.575; responsabilidad constitucional por haber infringido el art. 8 de la Constitución; y responsabilidad del ministro por la infracción de la norma del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento.

Ninguna de estas causales es suficiente para presentar una acusación constitucional a un ministro de la calidad del exsenador Montes. En esto coincidimos con la defensa que hace Pablo Ruiz-Tagle Vial como abogado del ministro, donde además se plantea la cuestión previa que corresponde a lo infundado de la acusación constitucional en todos sus capítulos y que la acusación constitucional no constituye un recurso de ultima ratio para destituir a un ministro de Estado.

Todas las acusaciones constitucionales que se le hacen al ministro son infundadas y mucho más complejas que las que corresponden a las atribuciones ministeriales, donde se ha comportado muy eficientemente y con gran celo y responsabilidad.

Todo el lío con las fundaciones que han recibido asignaciones directas del presupuesto es una corruptela del mayor alcance, máxime si Democracia Viva obtuvo millones de pesos para labores que nunca desempeñó, y ahora Daniel Andrade, quien dirigió la fundación, declara que es un preso político y se hace la víctima, siendo que fue pareja de la diputada Catalina Pérez; y Carlos Contreras, que fue exseremi de Vivienda y que fue detenido e internado en la cárcel, ambos sujetos a prisión preventiva.

Más aún si existen otras fundaciones como ProCultura, que ahora es asignataria de un Fondart del Ministerio de las Culturas en modalidad emergentes (la que fue suspendida) y que, anteriormente, fue objeto de una asignación directa para diseñar y pintar fachadas de edificios antiguos. Como señala el informe de la Contraloría, hay muchas fundaciones que, dependiendo de ingresos directos, no han rendido cuentas de sus actividades.

Es efectivo que el ministro no es responsable de estas asignaciones y que, más aún, lo fueron los seremis de Vivienda y su subsecretaria Tatiana Rojas, que también es militante de Revolución Democrática, el partido que ha incurrido en los peores vicios y corruptelas de la política, desdiciendo al exministro Giorgio Jackson respecto de que sus niveles morales eran superiores a los de sus antecesores de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Estimo que el ministro Montes no debe ser destituido de esta manera. La acusación constitucional no podrá prosperar si no tiene los votos de toda la oposición y del oficialismo, ni menos los de la Comisión que ha sido elegida por sorteo y que recomendará no acoger la acusación.

Con ello el ministro Montes podrá continuar en el cargo, salvo que el Presidente Boric le pida la renuncia, ya que se trata de una atribución exclusiva de esa autoridad, como sucede con el régimen presidencial y no parlamentario.