La Corte Suprema de Israel sepultó la intención de Benjamin Netanyahu de realizar una reforma judicial que quitaba las atribuciones de los magistrados para revisar y revocar decisiones del Parlamento que considerara “no razonables”, la que había provocado meses de protestas antes del inicio de la guerra en Gaza. El fallo pondrá a prueba la unidad del gobierno de emergencia, formado en octubre para enfrentar el ataque de Hamas, al que se incorporaron personalidades opositoras contrarias a dicha reforma.

La ley, aprobada en julio, era motivo de controversias porque supuestamente afectaría la separación de poderes, así como la independencia judicial, y abriría la puerta a la corrupción. Los jueces dictaminaron que “causaría daño grave y sin precedentes al carácter de Israel como Estado democrático”, y determinaron además que ellos tienen el poder de hacer revisión judicial de las “leyes básicas” y de intervenir en los “raros casos” en los que el Parlamento (Knesset) “excediera su autoridad constitutiva”. Israel carece de Constitución escrita, y ha sido el Parlamento, a través de los años, el que dicta esas “leyes básicas”, de rango constitucional, que definen las instituciones y establecen los derechos. En la década del noventa, la Corte decidió que tenía la atribución de derogar esas leyes especiales si las consideraba inadecuadas.

Para el gobierno, el fallo “solo promueve la división” del país, en momentos en que la unidad es necesaria, mientras los opositores, incluidos algunos ministros, aplaudieron la decisión porque “la Corte cumplió su rol de proteger a los ciudadanos”. Lo cierto es que toda la reforma judicial que pretendía hacer Netanyahu había contribuido a la fractura de la sociedad. Esta incluía darle a la Knesset atribuciones para anular decisiones judiciales por simple mayoría, eliminar la obligación actual de que los ministros sigan los consejos de sus asesores legales, supervisados por el fiscal general, y aumentar la representación del gobierno en el comité que elige a los jueces.

Algunos consideran que esta situación, tensa en el ámbito interno, fue aprovechada por Hamas para lanzar su ataque, lo cual es posible, dadas las movilizaciones masivas y la baja popularidad de que gozaba Netanyahu, la cual ahora ha caído a la mitad. Para el premier, este es un momento decisivo en el cual debe mostrar éxitos en el campo de batalla para poder sostenerse en el cargo, y es probable que por esa razón no haya definido todavía qué hacer para contrarrestar la decisión de la Corte.

En cuanto a la guerra, Israel mantiene la presión sobre Hamas, con las operaciones en Gaza, en las que han muerto más de 20 mil palestinos, y también sobre los dirigentes en el exterior, a los cuales definió como blancos posibles en cualquier país en el que se encuentren. Así, la muerte del líder militar Saleh Arouri, en Beirut, formaría parte de este plan. Un vocero israelí, aunque no asumió directamente la responsabilidad por la acción, se preocupó de precisar que “es un ataque quirúrgico (contra Hamas) y no contra Líbano”. Con esas declaraciones, quieren evitar que el golpe sea considerado un escalamiento del conflicto a otras zonas del Medio Oriente, lo que complicaría la crisis y no resolvería la situación de los más de cien rehenes todavía en poder de los terroristas palestinos.