Fuertes reacciones generaron las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien afirmó que es necesario considerar a “los grupos que están más al extremo”, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en un diálogo para desactivar la violencia en la macrozona sur. En entrevista con “El Mercurio”, Contreras planteó que grupos como el encabezado por Héctor Llaitul —hoy en prisión preventiva, a la espera de un juicio por robo de madera y delitos en contra de la Ley de Seguridad del Estado— debieran ser parte de una iniciativa así, con la sola condición de no realizar acciones de fuerza mientras el diálogo se esté desarrollando.

Se trata de un planteamiento inaceptable, en cuanto supondría reconocer legitimidad a grupos que desafían el Estado de Derecho y atentan contra los bienes, y en algunos casos la propia vida, de personas inocentes. Cabe además lamentar que, aunque se trató de dichos a título personal, de alguna forma han opacado el valioso paso que dio el INDH al incluir en su último informe un capítulo dedicado precisamente a la situación de las víctimas de la violencia en la macrozona sur.

Desde otra perspectiva, resulta interesante observar las reacciones del Gobierno frente a las palabras de Contreras. Aquí, si bien la vocera Vallejo no fue especialmente enfática —“no podemos dialogar con quienes no quieran dialogar”, dijo—, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, resultó mucho más claro al expresar que la estrategia del Gobierno es una sola y obvia: “aplicar el Estado de Derecho”. Evidentemente, las organizaciones delictuales no pueden tener cabida allí.

De este modo, el episodio abierto por la directora del INDH ha permitido volver a constatar el inmenso giro que ha dado el actual oficialismo en estas materias. Hasta el año pasado, incluso habiendo ya asumido el gobierno, la izquierda frenteamplista y el PC expresaban empatía hacia grupos como la CAM y rechazaban medidas como aplicar un estado de excepción, pues implicaba “militarizar el Wallmapu”. Más aún, la idea de un diálogo con tales grupos era inicialmente la política oficial del Gobierno, como lo manifestaba su primera ministra del Interior, Izkia Siches. El peso de la realidad y la constatación de que los gestos de buena voluntad no eran suficientes para detener la violencia (la visita fallida de Siches a Temucuicui fue el mejor ejemplo), además del costo político que significaba no actuar con decisión, generaron un profundo cambio. De hecho, esta ha pasado a ser la administración que por más tiempo ha recurrido a la declaratoria de estado de emergencia en 30 años de democracia.

Han ido quedando atrás en el oficialismo las posiciones ambiguas frente a la violencia en la macrozona sur. Cabe esperar que se trate de un cambio genuino y no de una postura acomodaticia que vaya a variar, dependiendo del signo político del próximo gobierno. Debe ser un consenso el cerrar absolutamente la puerta a un diálogo con quienes han causado severo perjuicio material y humano en la zona. Tal como ha dicho el subsecretario del Interior, lo que corresponde es aplicar el Estado de Derecho. No hay alternativa posible.