Estamos a 70 días de que se inicie la segunda parte del gobierno del Presidente Boric. Los primeros dos años han sido, desde todo punto de vista para el Gobierno y las alianzas políticas que lo apoyan, bastante complejos. Partamos por que el candidato Boric en primera vuelta solo obtuvo el 26% de los votos y si bien en la segunda vuelta obtuvo una gran votación, 55%, su fuerza propia, Apruebo Dignidad, obtuvo solo 37 diputados y 5 senadores.

Esa debilidad legislativa fue reforzada con la incorporación al Gobierno del Socialismo Democrático, que le aportó al proyecto en el Parlamento 28 diputados y 13 senadores, en resumen, minoría en ambas cámaras con el programa más trasformador desde 1990.

Primera dificultad, un programa muy ambicioso con minoría parlamentaria. Adicionalmente, el Gobierno tuvo que administrar en el aparato del Estado una coalición de 10 partidos y 2 movimientos, lo que obviamente hizo muy difícil la gestión política y técnica a nivel nacional y regional.

Hay que agregar además las vacilaciones frente a un tema que se ha constituido en el principal problema de la ciudadanía, la seguridad ciudadana, en donde dichas vacilaciones repercutieron en la perdida de adhesión ciudadana al Presidente y al Gobierno. Dos buenos ejemplos de los mencionados son la demora en aplicar el estado de excepción en la macrozona sur y la infraestructura crítica en la frontera norte. Habría que agregar una situación económica difícil caracterizada por una alta inflación, un bajo o nulo crecimiento y un alto desempleo.

Todo lo anterior ha repercutido en que el apoyo al Presidente y al Gobierno, con oscilaciones menores, se cristalizó en un tercio de los ciudadanos y, por otra parte, la oposición ciudadana al Gobierno se consolidó en dos tercios. Habría que agregar finalmente dos derrotas significativas para el Gobierno y las fuerzas que lo respaldan, me refiero al plebiscito del 4 de septiembre del 2022, donde el rechazo a la propuesta de la primera Convención obtuvo el 62% de los votos, y la elección, en el segundo proceso constituyente, de una abrumadora mayoría de convencionales de derecha y dejando solo un tercio de los 50 elegidos en el frente de la izquierda.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior y hasta ahora, el Gobierno y las fuerzas oficialistas han logrado: las 40 horas; el fin del copago en Fonasa, que ha permitido a un millón de afiliados beneficiarse de dicha política; el salario mínimo a 500.000 a partir de junio del próximo año, y el royalty minero, cuya importancia social y territorial es que un tercio de los US$ 1.500 millones que recauda dicho impuesto se distribuirá en las 16 regiones, en las 32 comunas mineras y en centenares de comunas de mayor vulnerabilidad social. En los logros, habría que agregar que el programa de energía habitacional, cuyo objetivo es la construcción en el período de 260.000 viviendas, va muy bien encaminado, considerando que a la fecha se han entregado 92.000 viviendas, se están construyendo 125.000 y por iniciar su ejecución, otras 80.000.

Finalizado el proceso constituyente con los resultados que conocemos y ante el compromiso del Presidente y de las fuerzas oficialistas de no reiterar un nuevo proceso, la segunda parte del Gobierno debe ir con el apoyo de sus fuerzas y logrando acuerdos con la oposición para resolver los problemas más acuciantes de la ciudadanía. En materia de seguridad ciudadana y bajo la conducción de la ministra Tohá y del Presidente del Senado, hay que cumplir lo proyectado, que eran 31 proyectos, de los cuales se han concretado 22; adicionalmente, en este tema el presupuesto de la nación ha reforzado los fondos para las policías; sin embargo, es imprescindible conseguir en el marco del pacto fiscal los US$ 900 millones adicionales que requieren las policías para personal, equipamiento e infraestructura. En materia de pensiones, consolidar el aporte del empleador de un 6%, el aumento de la PGU a $250.000 y buscar la fórmula, con acuerdo de la oposición, para la distribución posible de ese 6% en perspectiva de la solidaridad que permita aumentar las pensiones ahora.

En materia de salud, lo imprescindible en esta nueva etapa es la ley corta de isapres y llegar a un acuerdo con la oposición para disminuir en un tercio las listas de espera y fortalecer la salud primaria, tema que además está en el marco del pacto fiscal. Perseverar en la buena política entre Hacienda y el Banco Central para lograr que la inflación del 2024 vuelva al objetivo permanente, tener entre un 2% y un 4% anual.

También parece importante para el nuevo período consolidar y reforzar el inicio de una cierta reactivación económica que se proyecta en un crecimiento del 2% de la economía y, por ende, disminución del desempleo; además, el Gobierno tiene que ser muy estricto para que el presupuesto aumentado en más de un 3% se ejecute con eficiencia y rapidez, particularmente en vivienda y obras públicas, que son dos sectores generadores de actividad económica y de contratación de trabajadores.

Este segundo tiempo debe, en consecuencia, apuntar a que la ciudadanía recobre confianza en la política, y la mejor firma de que esto ocurra es que vea al Presidente, al Gobierno, a las fuerzas oficialistas, de oposición, logrando acuerdos que resuelvan las urgencias de dicha ciudadanía, que están muy claras en las respuestas ciudadanas a las más diversas encuestas: seguridad, salud; crecimiento y empleo. Para lograr acuerdos, es imprescindible tener buena disposición y comunicarles muy bien a los ciudadanos el efecto cotidiano en sus vidas de esos logros, de tal manera que se valore el sistema democrático, la deliberación y el rol del Parlamento.

Finalmente, creo que sería interesante un acuerdo político de todos los partidos para avanzar en reformar el sistema político, para evitar la continuidad de la excesiva fragmentación en el Parlamento. He leído y he escuchado por parte de algunas de esas fuerzas que este no es el tema principal, sino las urgencias sociales, pero discrepo de ese diagnóstico, porque precisamente uno de los obstáculos para resolver los problemas sociales urgentes es la fragmentación y la indisciplina parlamentaria.

Un proyecto de este tipo, acordado ojalá con las principales fuerzas políticas, daría una señal a la ciudadanía de que la política coloca como prioridad el bien común por sobre los intereses partidarios particulares.