Señor Director:

Al terminar este 2023, Chile enfrenta grandes desafíos en materia migratoria.

Considerando que el 14% del total de los privados de libertad son extranjeros, resulta incomprensible que el Ministerio de Justicia no aplique el Convenio de Estrasburgo para trasladar a los condenados a sus países de origen y así cumplan allí el resto de su reclusión.

Es necesario también mejorar las cifras migratorias, pues la última estimación de población extranjera data del año 2021, lo cual es crítico en el contexto de la reforma de pensiones. Esta reforma contempla que del 6% adicional cotizado por los chilenos, un 1% va a sala cuna —donde los extranjeros irregulares tienen prioridad sobre los hijos de madres adolescentes chilenas o de madres pertenecientes a pueblos originarios— y un 3% a un fondo de reparto, beneficiando principalmente al millón de extranjeros sin fondos de pensión en su país de origen y sin ahorros de pensiones en Chile, debido a la informalidad, retiros y poco tiempo en el país.

Con la toma de razón de la política migratoria, que otorga visa a quienes ingresaron clandestinamente, pero hicieron el registro biométrico y consiguieron contrato de trabajo, se espera que al menos 150 mil extranjeros soliciten esta visa en 2024, afectando los puntos mencionados.

Finalmente, persiste una gran discusión ideológica en torno a la migración: si se debe permitir el ingreso a todos, independientemente de si es legal o ilegal, ya que la política migratoria permite perdonazos, y cuál es el apoyo a las comunas y regiones con una migración desbordada por la falta de voluntad para que las reconducciones y expulsiones sean mínimas. Chile necesita que se tomen medidas efectivas respecto de un tema de preocupación nacional.

Álvaro Bellolio A.
Observatorio de la Migración Responsable