Los últimos años han sido muy complejos para Chile, inexplicable para los que nos miran desde afuera y ven lo drástico del deterioro del país estrella de Latinoamérica. Para los que hemos vivido el proceso desde adentro, lo que ocurrió no fue repentino, sino el resultado de un discurso antidesarrollo iniciado hace más de una década, que fue exitoso en transformar las causas de los buenos resultados en lo contrario; en el origen último de todos nuestros problemas. Lo bautizaron como “neoliberalismo”.

Luego de una década de estancamiento, y con perspectivas muy mediocres hacia adelante, lo mejor que ha pasado en el campo económico durante el año que termina es la revalorización del crecimiento como motor esencial del bienestar de la sociedad. Las ideas son fundamentales y es muy positivo que ahora el Gobierno hable del crecimiento. El problema es que son precisamente los que ahora lo ponen en el centro de sus discursos quienes colaboraron intensamente para destruirlo, primero con sus ideas y luego con sus acciones. Por eso, “la solución está en manos del problema”. Es más fácil cambiar el discurso que las acciones, y en esto último las señales siguen siendo muy adversas.

En la última década el crecimiento de tendencia de Chile se ha reducido de 5% a menos de 2%, y aunque probablemente se iba a reducir de todas formas producto del fin de la bonanza del cobre, al menos la mitad de esa caída se explica por el discurso de los que hoy gobiernan, que se fue transformando en malas políticas públicas, basadas en consignas simplistas. Ya se hacen evidentes los malos resultados de las reformas de Bachelet II; la tributaria, la educacional, el cambio en el sistema político y el aumento en los costos laborales en un contexto de automatización, por mencionar las más dañinas.

Ahora nos anuncian reformas procrecimiento. ¿Son creíbles? “Por sus obras los conoceréis”, y lamentablemente si revisamos lo que han sido las acciones del Gobierno y de los parlamentarios que lo apoyan, las señales son malas.

La inseguridad pública es sin duda el problema más grave, ocasionado en parte por la aceptación de la violencia y la deslegitimización de la fuerza pública por parte del Partido Comunista y el Frente Amplio, cuyos parlamentarios siguen votando en contra de la agenda de seguridad, que avanza lentamente con los votos de la oposición, mientras el Gobierno indulta a los presos del estallido y duplica las pensiones de gracia de los participantes en las marchas.

En materia laboral, el empleo asalariado privado lleva años estancado, pero se reduce la jornada laboral, junto con un aumento significativo del salario mínimo, y se anuncian proyectos de negociación por rama.

En salud y pensiones las señales son aún más preocupantes. La crisis de la salud se agrava cada día, y a pesar de que una comisión formada por expertos y políticos de todos los sectores logró un acuerdo unánime para una salida muy razonable, el Gobierno optó por “tirarle la cadena”, mientras la ministra de Salud decía que no se había dado el tiempo para leer la propuesta.

En pensiones, la ministra del Trabajo da a conocer las indicaciones del proyecto de ley, que establecen un impuesto al trabajo formal de 4%, y recién en 2029 instaura un leve aumento de ahorro previsional, beneficiando mayoritariamente a los jubilados actuales. Mientras tanto, los análisis técnicos confirman la necesidad de subir la edad de jubilación, enfrentar la creciente informalidad y preocuparse principalmente de los futuros jubilados, cuya situación será peor que las de los actuales. Es casi una antirreforma la que se sigue proponiendo.

En materia de inversión, que no crece desde 2013, el Comité de Ministros sigue rechazando proyectos, que después de un calvario de años habían sido aprobados en las instancias previas. La versión recientemente conocida del “Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal” trae buenas noticias respecto a la “desesperante” “permisología”, que buscaría reducir los plazos legales de los distintos y variados tipos de permisos. Sin embargo, sin el establecimiento de un silencio administrativo positivo, es difícil ser optimista, ya que los plazos actuales no se cumplen, ¿se van a cumplir si son más reducidos? Por otra parte, parecen positivos los anuncios de concesiones y planes de infraestructura, sin embargo, han formado parte de todos los planes de los últimos gobiernos, pero los problemas de gestión del Estado impiden que se hagan efectivos.

¿Y en materia tributaria? Es positivo que se haya descartado lo más dañino; el impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas. Sin embargo, se insiste en la lógica de un sistema lleno de regímenes especiales e incentivos particulares, junto con alzas de impuestos que “solo paga el 3% más rico”, obviando que la incidencia de los impuestos no la determina la ley, como ya ha quedado más que demostrado en la última década, con múltiples aumentos tributarios que solo pagarían los ricos, pero que frenaron el crecimiento y el empleo. Y como telón de fondo, los mismos que ocasionaron los problemas ahora nos piden más recursos para solucionarlos. Me cuesta ser optimista.

Cecilia Cifuentes Directora
Ejecutiva Centro de Estudios Financieros ESE Business School Universidad de los Andes