Nuestro absurdo recorrido constitucional es síntoma de una mala salud institucional, aunque también da cuenta de una sociedad civil que rechazó dos veces propuestas que generaban división. Queda el dolor de la oportunidad perdida de un buen rediseño constitucional (con minúsculas).

La sabiduría de Aristóteles nos enseña que tarea de quienes se ocupan de la polis es comprender la realidad y someterla a la prueba de la razón, y no al revés. La tarea está en lo aparentemente más trivial: en las reglas e instituciones políticas orientadas a resultados.

Estamos fallando en los básicos de una sociedad bien ordenada. Es sintomático que el publicista encargado de la franja del A favor ahora recomiende exacerbar el conflicto. Lo mismo es anunciado desde la izquierda dura, cuyo objetivo sigue siendo “la totalidad del poder para el pueblo” (Programa PC). Pero unos y otros han sido derrotados.

Veamos los problemas. Por años se ha asumido que donde hay una necesidad, existe un derecho (Eva Perón). Ya saben nuestros vecinos en qué termina esa política. El punto de partida inverso es mirarnos en el espejo y descubrir lo que debiéramos ser capaces de hacer.

La Comisión Experta hizo un trabajo con algunas flaquezas técnicas, pero ofreció pasos importantes y consensuados en la dirección de corregir la fragmentación política; hay consenso en que partidos minúsculos e indisciplinados hacen ingobernable el país. Muchas otras reformas también atendían a corregir lo que no anda bien.

Los bienes fundamentales de la seguridad, la creación de riqueza, la educación en los primeros años de vida, un sistema de salud que optimice progresivamente el servicio universal (como fue la idea del Plan Auge) son expectativas de progreso que tuvimos y hemos ido perdiendo. El remedio no está en cientos de palabras en el papel, sino en políticas bien pensadas y ejecutadas. En Alemania, la Constitución reconoce libertades y proclama que es “un Estado federal, social de derecho”. Punto. No hay referencia específica a derechos sociales, porque es evidente que son dependientes de la prosperidad y de políticas públicas adecuadas, bajo control democrático. Lo demás es retórica.

La tarea de modernizar en sus cimientos nuestro Leviatán, disperso e ineficiente, está fuera del horizonte del mundo político. Se echa de menos el paso que dio el socialismo europeo al despedirse del marxismo y acoger un racionalismo crítico, que abandona la utopía y se pregunta por cómo resolver con eficacia problemas sociales urgentes.

Para rearmarnos, necesitamos instituciones que incentiven que el Estado funcione con inteligencia y que la política se oriente a resultados. Ver asaltos y fraudes es una teleserie de infinitas temporadas. Pero no sometemos a la opinión pública los remedios institucionales de modernización de las policías, de un sistema de inteligencia desarrollado, o de involucrar a la comunidad. La chimuchina nos tiene cansados, pero también inertes.

En esta época de hastío con la política testimonial, para ganar credibilidad puede ser hora de ocuparse de lo que está oculto en el debate, pero que representa a la opinión pública (Adriana Valdés). ¿Por qué no proponer, en el marco del proceso político, avances en la modernización de la política y del Estado, que cualquier ciudadano corriente consideraría como razonables?

El Derecho Público diseña reglas instrumentales a ciertos fines. Para cumplir este axioma, es ineludible una discusión sobre un servicio civil profesional e independiente; un empleo público sujeto a reglas de control de gestión y de resultados; un régimen de buenas prácticas y de auditoría que pare la corrupción en las municipalidades; métodos de designación de jueces técnicamente capacitados e independientes. Así sucesivamente. Todas estas obviedades han sido descuidadas y, con razón, los ciudadanos pensamos que se nos trata como tontos.

La sociedad civil y la economía de mercado están sujetas a una maraña de regulaciones que se acumulan sin orden ni dirección. Son urgentes arreglos institucionales para que Chile tenga un Estado en forma. Ese antiguo concepto requiere de políticos capaces de romper la irrelevancia que los tiene en el descrédito, y de juristas cultos y con espíritu público, como los formados por Bello en el desierto cultural que era Chile hace dos siglos.

Mejorar la arquitectura del gobierno puede ser el foco de una propuesta política creíble para que los chilenos vuelvan a sintonizar con lo público. La experiencia del Banco Central y del Ministerio de Hacienda para enfrentar el desajuste monetario y financiero es ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien, aunque cueste.

Luego de una década en el foso de la mediocridad, la tarea es, por un lado, ordenar el servicio público y, por otro, abrir espacios de creatividad a la sociedad civil, que finalmente sostiene al Estado. Solo esta perspectiva práctica hará posible discutir diseños institucionales que permitan, algún día, que los niños más pobres no estén condenados desde que nacen. Al fin de cuentas ese sí sería un Estado social.

Enrique Barros