Luego de años ya de reformas que no avanzan (pensiones, modernización del Estado, salas cuna, capacitación, Carabineros, Constitución, …) y luego del resultado del plebiscito del fin de semana pasado, muchos, incluido el Presidente, han hecho llamados para encontrar espacios de acuerdo político. Se trata de buenos deseos para un país que necesita reformas relevantes, que abran nuevas oportunidades de desarrollo e inclusión.

Sin embargo, la incapacidad de la política para hacerse cargo de problemas sociales complejos no parece resolverse simplemente con buenos deseos. Es evidente que necesitamos mejores incentivos en la política para que haya colaboración entre el Ejecutivo y las oposiciones en el Congreso, no importa el signo que tengan. También es claro que no basta con los incentivos de mediano plazo que significa para las oposiciones de turno la posibilidad de llegar a ser gobierno en un futuro cercano con estos problemas resueltos.

La colaboración que se requiere para una política legitimada pasa por superar el debate superficial y hostil actual en el que todos perdemos. Sin duda, para superar estas trabas, no queda más que reformar la política, algo que parece difícil de lograr prontamente. Una reforma así está en la esencia de la lista de buenos deseos para el país, pero seguramente seguirá ahí por un buen tiempo.

Por mientras, ¿estamos condenados a otro gobierno más sin avances sustantivos que mostrar? ¿Qué salida hay? Como no parece haber mucho espacio para ampliar la coalición que hoy gobierna y conseguir más apoyo para reformas en el Congreso, no queda otra que abrir caminos alternativos.

Una opción es que el Ejecutivo tome como propios proyectos ingresados por administraciones anteriores y confiar en que ello concite más apoyo en el Congreso. Por ejemplo, puede retomar la propuesta de Piñera de crear un fondo común para financiar un sistema más amplio de salas cuna que permita derogar el artículo 203 del Código del Trabajo y con ello favorecer la empleabilidad femenina. También puede considerar la propuesta de reforma al Sence ingresada para discusión en 2019, que podría tener un impacto en productividad y empleo. Pero esa estrategia no es factible si el gobierno no hace el trabajo de alinear a los partidos que lo apoyan.

Otra es detectar reformas sencillas, pero con impacto sustantivo en la ciudadanía, que debiesen tener poca oposición en el Congreso. Por ejemplo, a inicios de este año, el Congreso aprobó con altísimo apoyo un reajuste a la Asignación Familiar y Maternal y al Subsidio Único Familiar (SUF). En esa ocasión también aprobó automatizar el pago de estas prestaciones a hogares con niños, niñas o adolescentes en el 40% más vulnerable. Previo a esta modificación legal, estas familias debían postular al beneficio, a pesar de que el Estado sabe con bastante certeza cuáles de ellas tienen derecho. Luego del cambio en el modo de asignación, cientos de miles de familias se vieron beneficiadas.

Buena parte de las prestaciones que entrega el Estado a las familias exige que ellas postulen. Muchas se quedan simplemente sin cobrar, excluyendo por esta vía a grupos importantes de beneficiarios en vulnerabilidad. La modificación al modo de asignación del SUF se puede extender a muchas otras prestaciones que exigen postulación, incluyendo aquellas diseñadas para apoyar a empresas como algunos subsidios al empleo. La lógica de derechos garantizados que se inauguró en Chile con el plan AUGE, en que el Estado asume el compromiso con la ciudadanía en torno a la satisfacción de ciertos mínimos, no es compatible con el requisito de postulación.

Otra opción es realizar cambios que no requieren de discusión en el Congreso; esto es, modificar reglamentos, circulares y modos de operar, reparando aspectos de la gestión pública que afectan la vida cotidiana de las personas. La demora en la atención de salud es posiblemente una de las más significativas. También está la distribución territorial de los recursos para la seguridad en los barrios, la innovación en las iniciativas de capacitación para estar al día con las habilidades que demanda el mundo productivo, y la revisión de los permisos requeridos para el sinfín de trámites que hacen ciudadanos y empresas, más allá de los grandes proyectos de inversión.

El inmovilismo de la política hace mucho daño al país. Quizá el deseo compartido más sentido para el año que viene es una reforma que destrabe esta inacción. Sin este cambio, es difícil imaginar modificaciones legales en áreas tan importantes como la salud y las pensiones. Reformar la política requiere de muchísima generosidad y un cambio profundo en el modo del debate. Por mientras, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Al menos el país puede abocarse a la multiplicidad de tareas con impacto social que requieren de una mejor gestión de lo público.