La llegada del Presidente Javier Milei a la Casa Rosada representa una nueva oportunidad para la economía trasandina. Las condiciones que hereda dan cuenta de un profundo deterioro, el resultado de una estrategia de desarrollo fallida. La fuerte intromisión estatal en la actividad privada, su expansión de la mano del empleo público y la utilización de sus recursos para el financiamiento de subsidios de difícil justificación han sido una fuente continua de ineficiencias en el aparato productivo. Esto ha generado profundos desequilibrios en sus cuentas fiscales y un largo proceso de estancamiento económico.

En números, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanza aproximadamente a US$ 600 mil millones (en dólares constantes del 2015). La cifra se ha mantenido por más de una década, en un país privilegiado por la abundancia de recursos naturales en energía y un gran potencial agrícola y ganadero. Sus reservas de gas y litio son reconocidas a nivel mundial, lo mismo que la fertilidad de sus 2,8 millones de kilómetros cuadrados de territorio.

Luego de la recuperación posterior a la pandemia —su PIB creció un 5% en 2022—, el 2023 ha sido un año en extremo duro. Una larga y profunda sequía dañó la producción agrícola, lo que ha desembocado en una recesión. A esto se sumó el cuestionado manejo de la administración del expresidente Alberto Fernández, que amplificó los desequilibrios macroeconómicos. Se estima que este año el PIB sufrirá una caída de -2,5%.

Los efectos de estas negativas fuerzas también se dejaron ver en la dinámica de precios. La inflación se aceleró en 2023 y superó el 160% anual en noviembre, afectando a segmentos vulnerables de la población. Según estadísticas nacionales publicadas en septiembre pasado, la pobreza se sitúa en el 40,1% y la pobreza extrema en el 9,1%.

El apoyo económico internacional, si bien criticado por parte de la izquierda, evitó una debacle mayor. A través de un acuerdo firmado el 2022 en el marco del Servicio Ampliado (SAF), el Fondo Monetario Internacional ha destinado cuantiosos recursos al país. Solo en agosto su directorio aprobó alrededor de US$ 7.500 millones, autorizándose además modificaciones a los planes previamente acordados (objetivos de acumulación de reservas, déficit fiscal primario y financiamiento monetario del mismo). A eso se suma el apoyo del Banco Mundial que en 2023 fue cercano a los US$ 2.000 millones. Para un país que a principios del siglo pasado se ubicaba entre los más ricos del planeta, este tipo de ayudas es una señal del fracaso político de varias generaciones de líderes.

Ahora bien, se espera que, aunque 2024 sea un año también complejo, el mejoramiento de las condiciones climáticas, los precios históricamente altos de la soja y las inversiones en el sector energético permitan reactivar la producción y mejorar las cuentas externas. A esto se agrega la llegada de una administración que apuesta a reencauzar la economía.

Shock de corto plazo

La asunción de Milei está significando un cambio profundo en la estrategia de desarrollo. Su plan incluye un ambicioso listado de medidas de shock; entre estas, un importante y necesario ajuste cambiario y una reforma al comercio internacional (modificaciones a los impuestos de importaciones y de derechos de exportación). En el corto plazo, algunas de estas medidas podrían acelerar el proceso inflacionario (por la devaluación del peso, que alcanzó el 54% durante los primeros días del nuevo gobierno), afectando aún más los presupuestos familiares de una sociedad empobrecida. Se espera que el fortalecimiento de planes de ayuda permita paliar ese impacto.

La batería de medidas incluye además una reducción de un 35% en los subsidios de la luz, gas, agua y transporte, lo que se estima significaría en el corto plazo un recorte del gasto público equivalente al 0,7% del PIB, mientras que en el largo plazo la apuesta es atraer inversiones para asegurar la calidad de esos servicios. Se suma la no renovación de contratos laborales con el Estado para personas con menos de un año de antigüedad (fuente de amarres políticos en la administración pública), la suspensión de la publicidad gubernamental en medios de comunicación por un año (parte de la estrategia política de la administración previa), la reducción de los ministerios de 18 a 9, la disminución de las transferencias del Estado nacional a las provincias, la cancelación de las licitaciones de obras públicas nuevas (fuente de corrupción) y la promoción de inversión privada en infraestructura.

Algunas de estas reformas fueron incluidas en el decreto anunciado el miércoles por Milei, que considera un total de 300 medidas. Entre estas también están la eliminación de regulaciones estatales en distintos mercados, la autorización para la entrada de capitales privados a empresas públicas (incluyendo YPF), la flexibilización del mercado laboral, la derogación de las normativas de promoción industrial y el impulso de seguros privados en salud.

La apuesta es extremadamente ambiciosa. Las críticas de la oposición, responsable del descalabro, no se han dejado esperar. Sin embargo, la real viabilidad de la estrategia del Presidente Milei dependerá de que logre generar resultados de corto plazo que mejoren la calidad de vida de una mayoría agotada de la improvisación y corrupción. A su vez, la clase política chilena debiera tomar nota del inmenso costo social que trae el estancamiento económico y del gigantesco esfuerzo que significa revertirlo.