Una de las características del largo proceso de estancamiento que sufre Chile es la dificultad de las dirigencias políticas, bajo distintas administraciones, para generar acuerdos técnicamente fundados sobre temas económicos y sociales centrales. Fue el caso de la reforma educacional de la segunda administración de la Presidenta Bachelet. Sin escuchar las alertas técnicas, el acuerdo político significó una serie de cambios que han implicado gigantescos desembolsos sin impacto sobre el aprendizaje. Similar trámite tuvo la defectuosa factura de la reforma tributaria de la misma administración. Este tipo de decisiones en materias sensibles es un reflejo, e incluso causa, de nuestro deterioro. Es imperativo evitar este tipo de situaciones en el caso del sistema previsional.

En pensiones, la insistencia de la actual administración ha impulsado una agenda motivada por la ideología. Sin reconocer el enorme impacto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) —el resultado de un buen acuerdo, que hoy incomoda a parte de la izquierda—, la propuesta del Ejecutivo incluye la instauración de un sistema de reparto financiado con un impuesto al trabajo —ese sería el destino de 3 puntos de contribución— con administración pública. Esto ha generado críticas fundadas, pues considerando precisamente lo que ha significado la PGU, además de las demandas ciudadanas en este tema, el aumento de la cotización debería dirigirse a las cuentas individuales.

A lo anterior se agrega la cuestionable innovación del Ejecutivo de destinar un punto de contribución adicional para financiar salas cuna y medidas para la incorporación de la mujer al trabajo. Si bien existe consenso respecto de la necesidad de resolver los problemas institucionales asociados con la provisión de ese servicio, la idea de financiarlo con un impuesto al trabajo no solamente levanta dudas de inconstitucionalidad —impuesto con fin específico—, sino que parece sugerir que resolver la compleja situación en materia de salas cuna pasa solo por su financiamiento público, común inclinación de la actual administración. Para justificar la idea, se menciona la necesidad de incentivar el empleo femenino. Sin embargo, un impuesto al trabajo sería inconsistente con tal visión. Frente a ello, cabe esperar un debate en que la oposición advierta las múltiples inconveniencias de la propuesta. El tema de las salas cuna requiere un análisis técnico serio, incluyendo estimaciones de necesidades de recursos, no improvisaciones impulsadas por malos acuerdos políticos.

Los recientes desvíos previsionales también incluyen la desatención que se les ha brindado a las nuevas estimaciones en las tasas de reemplazo. Los estudios presentados por el académico David Bravo indican que las pensiones totales del sistema chileno en el período 2012-19 significaron tasas de reemplazo netas (calculadas considerando el promedio de remuneración) que alcanzaban el 100% para los hombres y cercanas al 80% para las mujeres. Estas cifras deberían llevar a focalizar los esfuerzos en promover el ahorro individual y la búsqueda de un financiamiento para el pilar solidario sin afectar el mercado laboral. Sin embargo, este no ha sido el caso. Al contrario, técnicos asociados a la izquierda han planteado la conveniencia de discutir el nivel de las pensiones en relación con los últimos sueldos (previo a jubilación). Esto no es solamente equivocado desde un punto de vista técnico, sino que —como ocurrió con la gratuidad en educación superior— impondría estándares a la política pública de enorme costo fiscal e inconsistentes con las necesidades sociales en otros aspectos del quehacer nacional.

Quedan además por discutir las propuestas de cambio en la estructura de la industria que impulsa la administración. Al respecto, un reporte preparado por un grupo transversal de especialistas convocados por Clapes-UC planteó que seguir en esta dirección sin medir las economías de escala representa riesgos importantes. Así, como ha sido la tónica de esta discusión, el ímpetu ideológico de la actual administración no parece necesariamente responder a los argumentos técnicos. Frente a ello, un debate legislativo riguroso debe evitar avanzar en un mal acuerdo previsional.