Señor Director:

El domingo concluyó un extenuante proceso constitucional, que supuso tres plebiscitos, el funcionamiento de tres instancias colegiadas (Convención, Consejo y Comisión Experta), y la realización de dos elecciones para elegir a los miembros de las dos primeras. Todo eso duró cuatro años, tiempo en que el país vivió incertidumbre y polarización. Además, tuvo un costo directo aproximado de 150 millones de dólares.

Terminado ese recorrido, advierto que existe consenso en que la ciudadanía quedó hastiada, frustrada, la política en deuda y, particularmente importante, que es tiempo de entrar de lleno a una etapa de certezas e impulsar el crecimiento económico.

También se ha dicho, de manera amplia, que el proceso constitucional debe cerrarse. Sin embargo, parte muy representativa de la izquierda ha planteado (de manera directa o indirecta), como generosa concesión, que el cierre tiene una duración implícita de dos años (hasta el fin de este gobierno).

Una comprensión no necesariamente muy perspicaz lleva a interpretar ese compromiso de congelamiento bienal, como que, terminado ese tiempo, se sentirán convocados (si no mandatados por la ciudadanía) a impulsar un nuevo empeño de reemplazo de la Constitución. Desgraciadamente, quienes así se aproximan, parecen no advertir que abrir una nueva discusión sobre las reglas fundamentales en solo 24 meses es enteramente incompatible con entrar confiablemente al campo de la certeza y crecimiento económico. Si hay genuina convicción de que la política quedó en deuda luego de este proceso, es esperable que ella no incremente su pasivo, anunciando una nueva embestida a corto plazo.

Rodrigo Hinzpeter K.