El contenido de la intervención de la expresidenta Bachelet en un video de poco más de un minuto llamando a votar En contra ha generado justificadas críticas y contribuido a aumentar la polarización a pocos días del plebiscito. Si bien es difícil evaluar el impacto que pudiera tener su aparición en el resultado del domingo o en una eventual carrera presidencial que solo sería posible si no se aprueba el texto, preocupa la liviandad de algunos de sus juicios, que dan por sentados hechos que llevan derechamente a desinformar. Como toda ciudadana, Bachelet tiene el derecho de participar en la campaña y defender con fuerza su preferencia. Es legítimo también cambiar de opinión o contradecirse lo que había sostenido previamente. Así, si antes fue una entusiasta partidaria de la Constitución de la Convención y citaba a Pablo Milanés para afirmar que “no es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé” o que en la Constitución vigente “no hay nada, en ninguna parte sobre mujeres”, hoy, en cambio, enfatiza la importancia de tener una Carta de unidad, que permita distintas visiones, y repite una y otra vez que la propuesta que se votará el domingo “es un texto que nos perjudica” (a las mujeres), omitiendo el juicio crítico de la actual Constitución en el que antes insistía.

Lo que en cambio resulta frustrante es que una persona de su trayectoria —primera mujer Presidenta de Chile, quien lideró en su segundo gobierno un primer proceso constitucional y ha ocupado altos cargos internacionales— incurra en expresiones que mueven al engaño del electorado. También es decepcionante que, pasados varios días desde que comenzó a circular el video en las redes, no haya salido a precisar y corregir sus declaraciones y, en cambio, haya recibido el respaldo cerrado de los partidos de gobierno, aunque evitando estos cuidadamente entrar al detalle concreto de todas sus expresiones. Da cuenta aquello de la imposibilidad de una parte de la clase política de sostener una discusión razonada sobre temas básicos para la convivencia, en una actitud donde cualquier cosa, por absurda o falaz que sea, se estima válida para ganar una elección o mantener el poder. Naturalmente, ello no es privativo de ningún sector —la campaña del A favor exagera en atribuir a la nueva Constitución beneficios que difícilmente podrá cumplir—, pero es demasiado notorio el nivel de desinformación de parte de la campaña del En contra y el contraste entre la actuación de la expresidenta y la de los demás exmandatarios, que han adherido y argumentado, sin consignas vacías, en favor de una u otra preferencia.

No son sus opiniones sobre el posible riesgo para la ley del aborto en tres causales lo que sorprende. Este es un debate legítimo que se estaba dando —algunos podrán o no compartir su visión o considerarla exagerada—, y en el que tendría la última palabra el Tribunal Constitucional, al igual que lo hizo en votación dividida con el texto vigente. Aunque es poco probable que se declare su inconstitucionalidad —distintos expertos han manifestado que el cambio de la expresión “que” por “quien” podría tener un impacto en una futura regulación del aborto libre, pero no en las tres causales—, es una interpretación posible.

Lo que debiera preocupar son otros pasajes de su intervención en el video, como cuando sin mayores argumentos afirma que con la nueva Constitución “delitos que sufren directamente las mujeres, como la violencia intrafamiliar, delitos sexuales o robos violentos, son considerados menos importantes por este texto”. Eso simplemente no es así, ya que la gravedad de los mismos la califica el Código Penal y no la Constitución. De hecho, tienen hoy una alta penalidad, además de contar con una preocupación preferente de parte de la fiscalía, que destina una parte importante de sus recursos a estos casos. En reciente entrevista, sin embargo, la exmandataria ha vuelto sobre el punto, buscando justificarlo mediante una forzada vinculación con la Defensoría de las Víctimas, sosteniendo que en esta clase de delitos, que golpean con fuerza a las mujeres, no estaría consagrada la gratuidad y, en cambio, sí para otros. Esto, en circunstancias que expresamente se sostiene en el texto que será la ley la encargada de determinar “los casos en que sus servicios se otorgarán gratuitamente”.

En fin, y ya más allá de la figura de la expresidenta, este y otros ejemplos de desinformación que hay en el video dan cuenta del deterioro por el que atraviesa el debate público en el país y de la urgencia de revertirlo.