El proceso político chileno se parece cada vez más a un juego de “suma cero”. Una parte importante de esta dinámica conflictiva se explica por la mutación de las estrategias de la oposición de hace aproximadamente media década.

La experiencia comparada abunda en ejemplos de fuerzas opositoras recalcitrantes que no consideran como legítimo al gobierno electo y condicionan su adhesión a las instituciones de la poliarquía.

De acuerdo con el politólogo español Juan Linz, las oposiciones pueden ser clasificadas en tres tipos: desleales, semileales y leales.

Las oposiciones desleales generalmente están compuestas por grupos minoritarios que adquieren prominencia cuando los países enfrentan procesos de declive político acentuados. Su rasgo definitivo es la no adhesión a los principios de la democracia representativa. Ello, incluso, los puede llevar a negar la legitimidad de la mayoría electoral.

La oposición semileal, por su parte, corresponde a las fuerzas cuya postura respecto del régimen político es condicional o ambivalente. Es algo menos que la deslealtad a secas.

A diferencia de las dos anteriores, una oposición leal se caracteriza por, entre otras cosas, un compromiso con las elecciones como único medio para alcanzar el poder; un rechazo “claro e incondicional” al uso de medios violentos; no apelación al recurso militar, y un “rechazo decidido a la retórica de la violencia para movilizar apoyo para conseguir el poder” (Linz, 1987, 70). En simple, la oposición leal confronta y se opone al gobierno, pero adhiere a las reglas democráticas a todo evento.

El protagonismo de las oposiciones desleales o semileales en un sistema político no solo complejiza la coordinación y agregación de preferencias. El problema de fondo es que su conducta puede inducir al régimen político hacia un formato autocrático. Como ha documentado la politóloga Laura Gamboa (2017) para algunos casos recientes de América Latina, a veces las tácticas opositoras inciden en una “erosión democrática”. De esa forma, adoptar estrategias que persigan imponer por la vía de los hechos un determinado resultado político no sería complementario o convergente con la vía electoral y el mandato obtenido en las urnas.

¿Tiene una salida (cooperativa) este juego? Es difícil, pero no imposible.

Para empezar, el conjunto de fuerzas políticas relevantes debe asumir que actuar como una oposición firme no implica cancelar ni cuestionar la legitimidad de un gobierno electo. Esa lección, retrospectivamente, quizás resulta aparente recién ahora para algunas de nuestras autoridades.

Desde Brasil a Estados Unidos, pasando por México, tenemos ejemplos de la devastación institucional que producen esas tácticas y retóricas. Con todo, advertir el problema que representa la aceptación condicional del mandato democrático es solo un primer paso, que debe seguirse de una conducta ad hoc.

De igual forma, es necesario refutar el discurso que propugna que hoy seguiríamos viviendo en una suerte de democracia restringida o tramposa. Ello confunde particularmente a los más jóvenes, que no han vivido bajo una dictadura. Las virtudes de la democracia representativa hay que compararlas con el autoritarismo, no con un ideal abstracto no realizado. Esa crítica es incorrecta sobre todo desde las reformas constitucionales de 2005, y solo contribuye a la erosión institucional ya indicada.

Cabe señalar que la ambivalencia respecto de la democracia no se circunscribe exclusivamente a un sector de la élite política. También es observable en la opinión pública. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos mostró que en la actualidad solo una de cada dos personas concuerda con la afirmación churchilliana de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. De igual manera, un porcentaje significativo considera que es bueno “tener un líder fuerte que gobierne sin Congreso ni elecciones”. Ello sugiere que no estamos inmunizados frente al populismo autoritario.

Las oposiciones desleales y semileales, de cualquier signo, pueden destruir una democracia. Pese a todo, nunca es tarde para advertirlo. Aumentar los costos a esas conductas, y los incentivos para cooperar lealmente, deviene entonces en algo necesario.

Andrés Dockendorff
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile