Con el objetivo de “establecer un modelo socioeconómico que tenga al centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y comunidades y que apunte a la superación del neoliberalismo”, las propuestas originales del entonces candidato frenteamplista Gabriel Boric planteaban impulsar una “audaz reforma tributaria que recaude de quienes más tienen y quienes más contaminan para financiar todo lo anterior”. Para ello, ya investido —después de las primarias de 2021— como postulante único del pacto Apruebo Dignidad, su programa de primera vuelta se fijó como objetivo conseguir un aumento de la recaudación de por lo menos 8 puntos del PIB, los que se lograrían sumando medidas para disminuir la evasión, un impuesto al patrimonio y mayores impuestos a la renta, entre otras.

Luego, sin embargo, la campaña de balotaje —que incorporó al equipo del candidato a economistas de centroizquierda que no lo habían apoyado en primera vuelta— obligó a acotar el programa tributario. Así, se estipuló un nuevo plan de aumento de impuestos, ahora por cinco puntos del PIB, en un plazo de cuatro años. Los tres puntos adicionales recién se conseguirían a 8 años, en un segundo período de gobierno. De acuerdo con este diseño, los esfuerzos de la primera etapa se centrarían en el impuesto a la riqueza, royalty minero, medidas contra la evasión y elusión, y revisión de exenciones. El grueso de la recaudación por mayores impuestos a la renta e impuestos verdes quedaría en tanto postergado para la segunda fase.

Han pasado ya casi dos años de gobierno, y solo la reforma al royalty ha sido aprobada, con una recaudación esperada de casi la mitad del 1% del PIB proyectado en el programa original de Apruebo Dignidad. La otra reforma que ha permitido aumentar la recaudación —como fue el fin de ciertas exenciones tributarias— fue aprobada en las postrimerías del gobierno de Sebastián Piñera, como mecanismo para financiar la PGU.

En este escenario resultan, por lo mismo, sorprendentes las declaraciones del ministro de Hacienda en cuanto a que las necesidades de recaudación vía alza de impuesto se estimarían ahora en un 0,6% del PIB, cifra muy inferior a cualquiera de las estimaciones originales. En efecto, según lo planteado en los últimos días por la autoridad, medidas de eficiencia en el gasto y un mayor crecimiento económico contribuirían a entregar al fisco buena parte de los recursos permanentes necesarios para financiar la agenda del Ejecutivo, que se estima en 2,7% del PIB.

Es una buena noticia que el Gobierno haya sincerado su posición. La débil situación económica del país hace muy costosos, en términos de actividad, los aumentos de impuestos, como bien lo ha recogido el documento de la Comisión Marfán. A su vez, la serie de escándalos de corrupción en el aparato gubernamental tornan políticamente inviable una reforma tributaria mayor. Centrar, entonces, los esfuerzos en el crecimiento y en una reforma del Estado es, a todas luces, un camino más sustentable financieramente. Por ello, el Gobierno debería considerar seriamente la postergación de la discusión tributaria en el Congreso, y enfocarse en la presentación al país de un plan eficaz y creíble para dinamizar la economía y limitar el mal uso de los recursos fiscales. El reconocimiento de que el aumento de impuestos aportaría menos del 25% de los recursos demandados hace necesario focalizar la discusión en aquellos temas de mayor impacto.