Señor Director:

El ministro de Vivienda ha dicho que estaría evaluando que el Estado pueda comprar el “sobrestock” de viviendas actual, esto es, viviendas que las inmobiliarias no han podido vender a particulares. La principal justificación sería que esta es una forma de abordar el déficit habitacional, ya que el Estado luego podría arrendarlas.

Sin embargo, la lógica económica subyacente a la política no es correcta. En primer lugar, la iniciativa pasa por alto las dificultades que supone un modelo en el que el Estado actúa como arrendatario, como lo es la compleja situación que enfrentaría un político que deba subir el precio de los arriendos arriesgando su popularidad. Como es de esperar, el político no estará dispuesto a perder popularidad, lo que generará que, ante un aumento en los costos, el sistema entre en una espiral deficitaria que será insostenible en el largo plazo.

Sin embargo, lo más importante que el Gobierno pareciera estar olvidando es que cuando en un mercado se produce un exceso de oferta, debido a que los precios están por sobre el nivel que la demanda está dispuesta a pagar, el mecanismo de mercado induce a la oferta a bajar sus precios para liquidar las unidades que no ha podido vender.

Por el contrario, cuando el Estado inyecta más demanda, lo que hace es validar el precio superior, y, por tanto, impide que los mecanismos de mercado vuelvan a equilibrar los precios a la baja.

En consecuencia, la política sería contraproducente, puesto que les estaría ahorrando a las inmobiliarias la necesidad de bajar sus precios para finalmente vender su stock. Así las cosas, la política tendría efectos contrarios a los buscados.

Patricio Órdenes
Docente investigador Faro UDD