Frustrando los diseños comunicacionales de La Moneda, el caso Convenios volvió a instalarse en el corazón del Gobierno. La declaración del exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien afirmó que Presidencia había recibido el 7 de junio —nueve días antes de que estallara públicamente el caso— un informe sobre el convenio con Democracia Viva, ha puesto en duda lo que sostuviera en la Cámara de Diputados el jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi. Este dijo haberse enterado por esa fecha solo de “un rumor”.

Rumor o no, el país ahora sabe que, efectivamente, sí existió un informe y que este fue enviado por Contreras al Ministerio de Vivienda en mayo pasado. Más aún, el reporte fue revisado por el jefe de Asentamientos Precarios de esa cartera, quien, en otro documento, lejos de censurar, destacó la actuación “proactiva” del ahora cuestionado exseremi. Es decir, semanas antes de que la opinión pública siquiera supiera de la existencia de Democracia Viva, la situación ya era conocida y generaba intercambios de documentos entre altos funcionarios de Vivienda, los que, insólitamente, no habrían advertido la gravedad de las irregularidades. En esas circunstancias, si es que el equipo asesor del Presidente —una de cuyas tareas es detectar y anticipar situaciones complejas— no recibió ni manejó nada de esa información, casi sería peor.

Todavía más delicado es el pie en que queda el ministro de Vivienda, Carlos Montes, bajo cuyas narices estaba ocurriendo todo esto. Por cierto, siempre caben las explicaciones de orden burocrático, en cuanto a que la jefatura del servicio corresponde a la Subsecretaría y no a él, pero no logran atenuar la percepción de desorden y falta de control. Particularmente cuando, según señala la prensa, el referido jefe de Asentamientos Precarios, también militante PS, es un asesor llevado por él al ministerio.

Montes es un político experimentado y de trayectoria destacadísima, pero su permanencia empieza a transformarse en un problema para el Gobierno. Lo confirman episodios como el bochornoso allanamiento de que fue objeto la sede ministerial el jueves y que también lo sorprendió, además de obligar a una operación de blindaje, que incluyó un punto de prensa con la ministra Vallejo y expresiones de apoyo del Presidente Boric. Detrás de ese respaldo está la presión del Socialismo Democrático, el cual se niega a que una de sus figuras más emblemáticas pague costos por el caso Convenios, originado en actuaciones de frenteamplistas. El precio, sin embargo, es mantener al frente de Vivienda, justo en momentos en que el país vive una emergencia habitacional, a una figura que va desgastándose en explicaciones, sin lograr desmarcarse del escándalo que sigue remeciendo a su cartera. Inevitable es preguntarse cómo hubiera evaluado esta situación el duro diputado que fue Montes o cómo se podría condecir con los parámetros que él mismo esgrimía cuando, como senador, aprobaba las acusaciones constitucionales contra el presidente y autoridades de la administración Piñera.

Un diseño que no logra desplegarse

Aunque la imperturbable ministra vocera afirme que “no se ha revelado nada que no se haya revelado antes”, esta suma de situaciones ha empañado el que parecía un cuidadoso diseño comunicacional del Gobierno, que partió con el anuncio de que el Presidente, en lugar de viajar a la COP, se quedaría en Chile para “apretar varias tuercas”. El despliegue incluía anuncios diversos y hasta una inusitada cadena nacional para destacar la aprobación del Presupuesto. Poco logró lucir frente a las nuevas noticias del caso Convenios. Pero, además, los esfuerzos del Gobierno por mostrar avances han vuelto a chocar con la realidad de una economía que sigue estancada (el Imacec de octubre y las cifras de empleo así lo indican) y una situación de delincuencia desbordada: el gobernador metropolitano ha hablado de un noviembre rojo, a propósito de los 35 homicidios registrados ese mes en la capital. En este panorama, incluso el que ya parece un viejo comodín del Ejecutivo para entusiasmar a sus bases, desempolvar la promesa de condonar el CAE, va resultando cada vez menos eficaz como recurso.

Poco ayuda, por otra parte, a la idea de un gobierno con “tuercas apretadas” el que altos funcionarios confundan su papel de Estado con las agendas personales. Esta semana fue el turno del embajador en Estados Unidos, quien expresó en la red X su lapidario juicio sobre Henry Kissinger, en los mismos días en que el Presidente Biden resaltaba el legado del exsecretario de Estado. Kissinger fue, sin duda, una personalidad controversial y objeto de legítimas críticas. El punto es que no se corresponde con las funciones de un embajador ni contribuye al interés de Chile emitir ese tipo de comentarios. Revelador es que el diplomático haya recibido el apoyo de La Moneda, pero que no se conozca pronunciamiento de la Cancillería a este respecto.

Así, con un balance como el que arroja esta semana, se entiende por qué buena parte del oficialismo, que apuesta a un triunfo del En contra en el plebiscito del 17, admite que el mayor lastre que pueda tener su campaña es la mal disimulada identificación del Gobierno con esa opción.