Plantear que el Gobierno busca de facto terminar con las isapres se ha vuelto un lugar común entre algunos expertos en salud, varios de ellos con vínculos en dicha industria. Algunos incluso han llegado a declarar que se estarían aprovechando las sentencias de la Corte Suprema para estatizar el aseguramiento de la salud. Sin embargo, los hechos desmienten flagrantemente estos planteamientos.

Ante todo, el Ejecutivo, lejos de aprovecharse de esta situación, presentó un proyecto de ley, la Ley Corta, para dar viabilidad al cumplimento de las sentencias de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, evitar una crisis que ponga en riesgo los derechos de los afiliados, garantizando la continuidad de la atención de todo el sistema sanitario.

Cierto es que el tema de las isapres es complejo, son varias sentencias y sus efectos son difíciles de explicar, por eso es necesario aclarar una y otra vez el efecto de estas y el alcance de las medidas tomadas por el Gobierno, incluyendo el proyecto Ley Corta.

La contingencia actual que enfrentan las isapres se debe a la sentencia más reciente de la Corte Suprema, promulgada en agosto pasado. En ella ordena dejar sin efecto el alza de la prima que cobran por las garantías explícitas de salud (GES), fijada unilateralmente por las isapres, por considerarla excesiva e injustificada. Las isapres fijaron primas superiores, y algunas muy superiores, al costo esperado, apartándose del espíritu original del GES, que es el financiamiento de las garantías y no el funcionamiento de toda la industria. El representante de la industria ha declarado que dejar de percibir este cobro excesivo los lleva a la quiebra en el corto plazo, y demanda que los poderes Ejecutivo y Legislativo solucionen rápidamente su problema: una reducción promedio de, aproximadamente, el 12% de los ingresos mensuales, con variaciones entre un mínimo de 5 mil pesos mensuales hasta un máximo de 30 mil por afiliado.

Entonces, ni las deudas con los afiliados producto del fallo anterior de tablas de factores de riesgo de noviembre de 2022, ni la forma de calcularlas, ni la mutualización influyen en el escenario actual. Estas son materias de la sentencia sobre la tabla de factores que se empezaría a aplicar en mayo del año próximo.

El Ejecutivo ha insistido en que las sentencias del Poder Judicial han de cumplirse, sin desconocer que una reducción brusca de ingresos afecta la posibilidad de financiar las prestaciones de salud, poniendo en riesgo no solo la cobertura de los afiliados, sino la estabilidad del sistema. Por eso, el proyecto de Ley Corta considera mecanismos que permiten cumplir los fallos y estabilizar el sistema. Es así que, acogiendo, y no desoyendo, la propuesta de la comisión técnica asesora del Senado, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo establecen la cotización mínima del 7% legal, corrigen el cálculo del índice de costos de la salud ICSA (con el que se reajusta el precio base) para que refleje de mejor modo las fluctuaciones de los precios de las prestaciones. También incorporan un ajuste por la suspensión del cobro de los niños menores de dos años y permiten un alza extraordinaria del precio base, que debe ser justificada y presentada por las isapres junto al plan de pago de la deuda, la que será revisada por un consejo asesor de la Superintendencia de Salud, que ha sido fortalecido. Además, se mejora la propuesta de modalidad de seguros complementarios para Fonasa y se incorpora la obligación para el seguro público de continuar los tratamientos catastróficos, las coberturas GES y los tratamientos judicializados en caso de insolvencia de alguna isapre.

El Ejecutivo también entiende que, dada la negativa de la Corte Suprema a la solicitud de prorrogar el cumplimiento de la sentencia GES, es necesario gestionar de forma rápida un adelanto de las medidas referidas a la optimización del cálculo del ICSA, para permitir su pronta entrada en vigencia y se está trabajando en ello.

Como ha quedado de manifiesto en cada una de las actuaciones antes relatadas, el Ejecutivo ha sido responsable y prudente en el manejo de esta situación para evitar una crisis mayor y espera la colaboración de todos los actores vinculados a estas materias.

Finalmente, es necesario despejar la situación actual del financiamiento del sistema de aseguramiento privado, para poder avanzar en las reformas que nuestro sistema de salud necesita y así cumplir a cabalidad con su objetivo fundamental, que es mejorar la salud de la población con equidad.

Ximena Aguilera Sanhueza
Ministra de Salud