“Fatiga constitucional” es la expresión que se ha usado comúnmente en el último tiempo para intentar describir un cierto estado de ánimo, y aun una cierta actitud que si se atiende a lo que han venido mostrando las encuestas, parece haber llegado a predominar entre nosotros en relación con el proceso constitucional que se inició, violencia mediante, a fines del año 2019.

¿Qué está detrás de este agotamiento? ¿Un cierto hastío frente a una discusión que, a estas alturas, parece ser percibida por la mayoría como crispada, reiterativa, lejana y virtualmente interminable? ¿La sospecha de que dicha discusión puede estar siendo usada como una excusa para no enfrentar de una vez y con la necesaria decisión los problemas que afectan más gravemente la vida diaria?

Probablemente, hay algo de todo ello y, probablemente también, de la percepción relativamente generalizada de que, en esta ocasión, en esta parte del proceso, no hay mucho en riesgo. Dicho en otras palabras, de que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior, Chile no se está “jugando la vida”.

Si recordamos la Convención de la parte inicial del proceso, hegemonizada por quienes no estaban dispuestos a reconocer poder constituido alguno, se consideraban a sí mismos como virtualmente los únicos representantes legítima y verdaderamente democráticos, no admitían la bandera ni el himno, y se preciaban de estar empeñados en llevar adelante un proceso refundacional que nos pusiera en una especie de senda latinoamericana, liderada por quienes gobiernan a Cuba y a Venezuela, parece fácil comprender en qué puede fundarse tal percepción.

El problema, sin embargo, radica en que una cosa es que el tema constitucional no mantenga permanentemente capturada la atención de la ciudadanía (lo que, por lo demás, parece propio de una sociedad que funciona normalmente), y otra, muy distinta, y muy peligrosa por cierto, es que se llegue a la conclusión de que lo que ocurra en materia constitucional no importa para nada.

El proceso que se inició con la violencia de octubre de 2019 intentó convencer al país de que la Constitución de 1980 era la culpable de virtualmente todos los males que enfrentábamos como sociedad, y que solo mediante su reemplazo sería posible superarlos. El fracaso de esa lógica en el plebiscito de septiembre de 2022, si bien evitó que nuestro país adoptara una muy deficiente propuesta de Carta Fundamental (la que elaboró la Convención), con todos los efectos negativos que ello habría supuesto, no pareció cerrar la discusión constitucional entre nosotros.

El paso del tiempo, y algún grado de mayor serenidad en los análisis, parecen haber permitido que, gradualmente, se reconozca desde distintos sectores el rol clave que el ordenamiento institucional configurado a partir de la Constitución de 1980 tuvo en el desarrollo de Chile en los últimos 40 años. Sin embargo, y tal como es sabido, la pretensión de retroceder en el tiempo es vana y el ámbito constitucional no es ajeno a tal realidad.

Se ha dicho, y parecen existir buenas razones para tenerlo en consideración, que, con todas sus virtudes, la Constitución que regía a Chile antes de octubre de 2019 ya no está del modo en que lo estaba en esos días. No se trata de que formalmente haya sido reemplazada o haya dejado de regir. Se trata, por ejemplo, de los variados casos de resquicios constitucionales que hemos visto operar a partir de 2019, y de lo que ellos parecen reflejar respecto de su fuerza normativa efectiva.

Es entonces, precisamente en ese contexto, y porque la Constitución sí importa, que resulta tan relevante el esfuerzo que se ha hecho por presentar una nueva propuesta, que no solo busque cerrar adecuadamente el proceso, sino que lo haga reconectando con nuestra tradición institucional y con aquella que es propia de Occidente.

Parece apropiado afirmar que una de las necesidades más relevantes que tiene Chile en la actualidad es retomar el camino del crecimiento y el desarrollo. La experiencia enseña que para ello se requiere contar con un orden institucional estable que garantice los elementos básicos que permiten la existencia de una sociedad libre. Recuperar ese orden después de estos últimos cuatro años es el desafío que tiene Chile por delante.

Germán Concha Z.