En tiempos multimediales, con un ciclo noticioso que gira a alta velocidad, el difícil arte de gobernar se vuelve más y más complicado. Sobre todo si, como ocurre en Chile, hay una extendida desconfianza en las élites políticas y las instituciones democráticas.

Las autoridades enfrentan déficits de legitimidad; la esfera pública se halla fragmentada en mil audiencias; las redes sociales generan estados de opinión volátiles; los referentes tradicionales de orientación colectiva —familia, Estado, iglesias, profesiones, gremios, sindicatos, intelectuales públicos, figuras de la cultura y las ciencias— pierden influencia.

En medio de estas circunstancias, el gobierno de Boric carece de una agenda comunicacional propia. Tempranamente debió abandonar su perfil utópico-programático, sin haber logrado reconstituir su identidad política. Además, se quedó mudo, sin propuesta constitucional. Sus reformas y acciones, en casi todos los sectores —salud, previsión, vivienda, infraestructura, minería, tributario y de la cultura y las artes, con la sola excepción de las materias de seguridad— aparecen detenidas y vaciadas de contenido.

Además, el Gobierno, a pesar del empeño y empatía del Presidente Boric, no logra transmitir un relato que otorgue sentido y coherencia a sus planteamientos, interpele a sus partidarios y suscite una actitud favorable en la sociedad.

Al contrario, soporta una oposición política y mediática implacable, de un frente unificado de derechas que navega con viento a favor y sabe aprovechar los errores e inconsistencias gubernamentales y de su coalición.

En este cuadro, las falencias obvias del equipo comunicacional del Gobierno y la Presidencia limitan aún más su proyección en el campo medial. El confuso anuncio gubernamental de condonación del CAE ejemplifica estos déficits.

Dicho anuncio viene repitiéndose desde el inicio de la actual administración. Todavía no logra precisarse. La condonación, ¿es total o parcial? ¿Cómo se financiará? ¿A quiénes beneficiará?

Esta vez, además, aparece vinculado a otros dos cambios, causando todavía mayor confusión. En efecto, habla de poner fin al CAE, sin precisar su reemplazo, y compromete una modificación de base del financiamiento de la educación superior en su conjunto, materia altamente compleja, que supone acuerdos previos y un significativo incremento del gasto. En breve, es un anuncio que en vez de ayudar al Gobierno, desordena su agenda comunicacional y abre un frente adicional de incertidumbre.

La efectividad de un gobierno depende de las percepciones, evaluaciones y juicios que respecto de él se manifiestan en la esfera medial, las redes sociales y las encuestas de opinión. Hasta aquí, la actual administración de gobierno muestra pocos avances y logros en este ámbito.