Son muy citadas las palabras de Jaime Guzmán “de que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría (porque) el margen de alternativas sea lo suficientemente reducido para hacer extraordinariamente difícil (hacer) lo contrario”. Citada así, esta idea por cierto que es bastante cruda, producto cínico de manejo de poder; y en efecto, Guzmán, si bien de nivel intelectual, en lo básico era un animal político.

Escasamente se añade que son palabras de 1979, y su contexto es defender un camino a la democracia (con límites), postergada eso sí, y de manera explícita se opone a un “Estado militar” o a un “esquema fascista”, lo que hoy no se cita. En un nada de extraño materialismo histórico de derecha, sostiene que antes de la democracia debe situarse el desarrollo económico.

Sin embargo, modificando un tanto el tono, el fondo del asunto se refiere a un corazón de lo que puede permitir un sistema democrático, que mediante estatizaciones interminables puede caer en el puro colectivismo negando su propia esencia. Cierto, existen y han existido economías de mercado en convivencia con dictaduras. Lo que nunca ha existido han sido colectivismos económicos que sean democracias. En atención a la historia de Chile (y de nuestra América), es sensato que una constitución tome en cuenta ciertas tentaciones políticas —que las ha habido— y se refiera a la legitimidad del mercado, lo que para estos efectos prefiero denominar sociedad civil económica, espero que sin toques de idealización, pero sí como una necesidad, una existencia necesaria. Quizás el actual proyecto se refiere demasiadas veces al mismo —la seducción latinoamericana por documentos extensos—; era, sin embargo, indispensable que hubiese una garantía sólida para la iniciativa privada.

También la debía haber para posibles iniciativas estatales creativas en el plano económico; y debía haber un margen de maniobra, que lo hay, para el juego entre ambas, que generalmente se asocia a la derecha y a la izquierda respectivamente. En el actual debate se supone que una derecha vengativa ha cerrado las puertas para políticas de izquierda. De acuerdo a este esquema, la primera defendería la supremacía incontestable del mercado, y la segunda la acción quizás sin freno del Estado. Se trata de un esquema binario que no resiste un examen de la realidad de la moderna economía política.

El problema se enfoca de manera más cristalina si le hacemos la pregunta: un gobierno bajo el imperio del proyecto a plebiscitarse, ¿tendría espacio para un activismo económico del Estado, ya sea en la producción o de instituciones vinculadas a las políticas sociales? Más allá de la discusión de si sería una política sabia o no, cualquier lectura mínima del texto lleva a una respuesta categóricamente afirmativa, siempre que goce de apoyo parlamentario.

No es todo. A veces los papeles se han invertido. Hacia comienzos de este siglo, en Alemania, la coalición socialdemócrata-verde fue la que impulsó una legislación de flexibilidad laboral muy creativa (Hartz IV). Más atrás, en Francia, cuando Mitterrand llegó a la Presidencia en 1981, impuso una serie de reformas estatistas para después girar en casi 180° en 1984, al nombrar como premier a Laurent Fabius. A la inversa, el príncipe Bismarck (el último príncipe), en un caso notable, desde una perspectiva casi reaccionaria, fue el impulsor del primer sistema precursor del Estado de bienestar en los 1880. Son modelos que hay que tener en cuenta, y se pueden reproducir dentro del margen que permite el proyecto a plebiscitarse.