La publicación del registro de audio donde dos abogados y su cliente repasan y planifican la comisión de diversos delitos de corrupción puede constituirse en un gran servicio al país, en la medida en que sirva como oportunidad para corregir un estado de cosas profundamente preocupante. Ninguna persona que conozca de cerca el funcionamiento del Estado y sus reparticiones puede sorprenderse de que existan tratos preferentes para ciertas personas u organizaciones. Estos se basan en consideraciones de distinta índole, como las relaciones de amistad, la cercanía ideológica, distintos tipos de afinidades, y también en la corrupción. Contra lo que a veces se quiere creer, este fenómeno se encuentra ampliamente extendido en nuestro país, y comprende desde aspectos de la gestión municipal hasta procesos licitatorios de diversa especie, pasando por la entrega indebida de información sensible, la agilización o ralentización de ciertos trámites y el uso de facultades discrecionales en un sentido ajeno a su finalidad, entre muchos otros. Recurrentemente se conocen casos de figuras políticas descubiertas influyendo sobre funcionarios públicos para obtener tratamientos privilegiados, lo que no ha sido obstáculo para su mantención en el cargo o, en su caso, reelección. El audio publicado contiene una buena muestra de estos ámbitos de corrupción.

Un segundo aspecto que la grabación permite apreciar con claridad es el rol que cumplen algunos abogados como agentes de corrupción. Ya se ha comentado otras veces en esta misma página cómo detrás de buena parte de los escándalos que han remecido al país y afectado la confianza en sus instituciones se encuentran precisamente abogados que abusan de su investidura y profesión, o que no actúan para encauzar las actuaciones de sus clientes o de terceros hacia el cumplimiento de la ley. Para dar solo dos ejemplos de denuncias públicas provenientes de personas bien conocedoras de la realidad, la fallecida ministra de la Corte Suprema Gabriela Pérez advertía hace un tiempo la existencia de verdaderas “redes de protección” y el exministro de Justicia Jaime Campos, la acción de las “fuerzas del mal” que bloquean reformas de interés público. Se habla de “trenzas” de poder, donde se conjugan la influencia sobre jueces y otros funcionarios con influencias políticas reforzadas por la capacidad para movilizar a su favor, al menos por un tiempo, a periodistas y medios de comunicación. En el mercado de los servicios legales seguramenjte hay quienes conocen más o menos qué profesionales están en condiciones de ofrecer esta clase de servicios, los que son remunerados en consecuencia, de forma que el honorario por los escasos o nulos productos entregables contrasta con premios muy relevantes en caso de que las “gestiones” judiciales o ante la autoridad resulten exitosas. El abogado “operador” deja de ejercer la profesión jurídica para convertirse en un articulador de contactos e influencias, pidiendo y concediendo favores a una clientela de personas que ocupan diversas posiciones de poder o acceden a informaciones reservadas. Solo una combinación de temor, codicia e hipocresía explica la extendida complicidad, o al menos conformidad, de no pocas personas con estos fenómenos. El audio publicado proporciona una oportunidad más para cambiar esta situación.

Las responsabilidades por el surgimiento y la expansión de este estado de cosas son múltiples y complejas. En un lugar destacado se encuentran las facultades de Derecho, que entregan cada año miles de licenciaturas a lo largo del país. En no pocas facultades, la formación ética está ausente o es formalista y de escasa calidad, con cursos que muchas veces ni siquiera llegan a despertar el interés de los estudiantes. Pero al menos en un mismo plano de relevancia se encuentran los funcionarios y ciudadanos de a pie que son testigos de las prácticas corruptas y que no las denuncian. Es esta parte elemental del compromiso cívico de cualquier ciudadano la que se hace indispensable inculcar ya desde la educación escolar y preescolar, pues la corrupción es un asunto cultural. La persecución y sanción de la corrupción ocupa desde luego un lugar importante, pero sin una base mínima y extendida de virtudes cívicas en la población, ellas siempre serán sobrepasadas y llegarán demasiado tarde.