La modernización del Estado parecía condenada a dormir el sueño de los justos. Un tema tan importante terminaba siempre fuera de las prioridades de la política. Pues bien, parece haber llegado su hora: la propuesta constitucional se hace cargo en lo sustantivo del enorme desafío de acercar el Estado a las personas para resolver sus problemas.

¿Es relevante el Estado en nuestra economía? Sí, y mucho. Hoy representa 24% del PIB, con un Presupuesto de la Nación que ha crecido un 23% real en seis años. Trabajan en él, incluyendo municipios, más de 1 millón 190 mil personas, algo así como el 13% de los ocupados.

Pese a que el sector público ha mostrado luces, como la impecable respuesta sanitaria ante la pandemia o los recientes Juegos Panamericanos, sus sombras parecen más prevalentes. En la última encuesta del CPLT, la ciudadanía expresa una mala relación con el Estado: el 83% siente que hay una relación de mal trato y en la que existe discriminación (82%). A esto se suman hechos concretos, como la crisis de la educación pública, que hoy encuentra su epicentro en Atacama; la excesiva burocracia, que retrasa o impide que se materialicen proyectos de inversión; y las listas de espera, que hoy llegan a un máximo histórico de 2,6 millones de atenciones pendientes.

Aun cuando hemos logrado importantes avances en Alta Dirección Pública, transparencia y gobierno digital, el Estado no está a la altura de los desafíos de nuestra sociedad. Por eso el nuevo texto constitucional es tan importante. Acá solo tres ejemplos de avances notables.

El primero es sobre los fines de la administración pública. El artículo 16 número 9 crea un nuevo paradigma al establecer como un derecho y garantía fundamental el trato digno y servicial por parte de los órganos del Estado. Su inobservancia, por tanto, permitirá que las personas puedan accionar recursos de protección ante tribunales. En esta línea, en el artículo 108, se establece que es deber del Estado proveer y garantizarla prestación de servicios públicos en forma continua, oportuna y permanente, velando en todo momento por la calidad del servicio. Queda así constitucionalmente garantizado que el objetivo del Estado será siempre servir a las personas, y no al revés.

El segundo avance es sobre la piedra angular de un Estado moderno: el empleo público. Y es que hoy estamos en deuda. El enorme crecimiento de los puestos de trabajo públicos no guarda relación con la cantidad y calidad de los servicios prestados, totalizando un incremento neto del 52% en los últimos ocho años, versus solo un 9% en el sector privado; a esto se suma una rigidez contractual completa, lo que impide sacar a los malos desempeño y premiar a los buenos.

Para enfrentar este desafío, el texto constitucional termina con el actual estatuto administrativo, que data de 1989. Señala así en su artículo 110 que habrá un régimen general de empleo público, de carácter profesional y técnico, que regulará la contratación, desarrollo, promoción y cese de funciones.

La contratación se realizará a partir de procesos de selección abiertos y competitivos, que privilegien el mérito e idoneidad de los postulantes, y la estabilidad en el empleo dependerá del desempeño y el cumplimiento de los deberes funcionarios. Además, el actual Servicio Civil pasará a tener rango constitucional para coordinar, supervisar y perfeccionar estas tareas.

Un tercer avance medular es sobre la calidad de las políticas públicas. Hace muchos años que se discute la necesidad de fortalecer nuestro proceso regulatorio. Lamentablemente, en nuestra historia reciente se han evacuado leyes utilizando mañosos atajos que han sido perjudiciales para las familias, como los retiros de los fondos de pensiones.

Al mismo tiempo, todos los años se malgasta a lo menos 0,5% del PIB en compras públicas que pagan sobreprecio y programas gubernamentales deficientes. Para enfrentar este déficit, en el artículo 112 se crea el Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, como un organismo autónomo, para garantizar su calidad y eficacia. Este Consejo podrá proponer la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios y la modificación o cese de los programas que estime convenientes.

Es pueril creer que el mero texto arreglará cuestiones que en décadas no hemos podido solucionar, pero es razonable pensar que será una condición habilitante fundamental para comenzar a cambiarle el rostro a nuestro Estado. Llegó el momento de retomar el crecimiento económico y, para eso, un mejor Estado es imprescindible.

Alejandro Weber
Decano Economía y Gobierno Universidad San Sebastián