La tasa de ocupación —la fracción de la población en edad de trabajar que tiene un empleo, ya sea formal o informal— no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. Si hacia fines del 2019 esta tasa superaba levemente el 58%, hoy está por debajo del 56%. Esos dos puntos y algo de diferencia representan a un número significativo de personas: equivalen a unas 450 mil personas que no están ocupadas. Por ello, algunos han descrito esta situación como la de una emergencia en el empleo.

Para atender esta situación, es importante recabar con cuidado qué hay detrás de esta caída. En primer lugar, cabe preguntarse si son personas que buscan un empleo y no lo encuentran, o si más bien se trata de personas que se retiraron de la fuerza laboral. Si bien hay diversidad de casos, las estadísticas del INE sugieren que lo segundo es lo más relevante: personas que dejaron de participar en el mercado laboral.

La pregunta que sigue es quiénes son esas personas que se han retirado de la actividad laboral. Una fracción importante son jóvenes entre los 15 y 24 años de edad que indican estar inactivos porque están dedicados a sus estudios. Es importante destacar que la proporción de jóvenes laboralmente inactivos por motivos de estudio ha ido creciendo en el tiempo, en particular desde que se implementó la política de gratuidad para la educación superior. Luego, en la medida que el mayor interés y las facilidades de acceso a los estudios se transformen en una mejor preparación para el mundo del trabajo, el rezago entre los jóvenes no debiera ser motivo de alarma.

Otro grupo importante que se ha retirado de la fuerza laboral es el de los adultos mayores de 60 años. Si bien, al igual que los jóvenes, las personas mayores tienen más dificultades para emplearse que el promedio, cabe recordar que la PGU, que tiene una amplia cobertura, puede haber permitido a más de alguien retirarse del mercado laboral y jubilarse definitivamente. Si es así, entonces este tampoco es necesariamente un motivo de alarma.

De acuerdo a estimaciones del Observatorio del Contexto Económico OCEC de la UDP, más del 60% del rezago en la tasa de ocupación se explica por la inactividad de estos dos grupos; esto es, por jóvenes estudiando y adultos mayores que seguramente están recibiendo la PGU.

Ello no significa que no debamos avanzar en políticas para fortalecer el empleo, porque el resto del rezago no parece ser un fenómeno estacional. Guarda relación con un crecimiento tendencial que viene cayendo desde hace más de una década y con reformas al mercado laboral que llevan tiempo esperando. La tarea es amplia y existen diagnósticos compartidos en algunos ámbitos, lo que podría facilitar modificar ciertas políticas.

En particular, existe bastante acuerdo en la necesidad de unificar los subsidios al empleo formal. El Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer, el Ingreso Mínimo Garantizado y el subsidio al alza del Salario Mínimo para empresas de menor tamaño, entre otros, representan un sistema complejo de apoyos que muchas veces se quedan sin cobrar. Ordenar esta oferta, revisar los montos y cobertura, y entregar las prestaciones de manera automática a quienes tienen derecho —porque el Estado sabe quiénes tienen derecho— potenciaría su efectividad.

Otro ámbito es la necesidad de reformar el sistema de provisión de salas cuna y derogar el artículo 203 del Código del Trabajo. En términos más amplios, el país requiere de una política nacional de cuidados que promueva la corresponsabilidad social desde las familias, las comunidades y el Estado. Cuando se expande el acceso a cuidado, también se expanden las posibilidades de empleo de las mujeres y mejora su calidad.

La lista de tareas pendientes es larga. Entre ellas se cuenta la adaptabilidad laboral, una reforma al sistema de capacitación e intermediación y una revisión de la educación técnico-profesional. Se trata de reformas que se han discutido por décadas sin avances, y que pueden representar factores clave para que nuestra economía ofrezca más empleo, para que la formalidad sea más atractiva y para que trabajadores y trabajadoras accedan a un mayor bienestar.