Se ha conocido la decimonovena Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc). La información se recogió entre abril y julio de este año, pero toma como referencia el período enero-diciembre de 2022. Esta decisión revela una importante diferencia metodológica respecto de mediciones anteriores, que tomaban como referencia los doce meses previos al momento de la encuesta. Los entrevistados, ahora, debieron recordar un período ocurrido bastante tiempo más atrás que en las encuestas previas. Ello puede afectar los resultados y, por tanto, su comparación. Cuesta entender esta decisión porque, además, hace más difícil recoger la percepción más reciente del fenómeno delictual. Esto es especialmente relevante si se están observando variaciones importantes en la criminalidad, como ha ocurrido este año.

Pero, más allá de esas consideraciones metodológicas, esta nueva Enusc da cuenta del trasfondo de esa enorme preocupación por la delincuencia que manifiestan los ciudadanos en distintos estudios. En efecto, un 90,6% de las personas estiman que durante 2022 la delincuencia aumentó. Es la tasa más alta que registra la encuesta en su historia. En la medición anterior, el guarismo alcanzó un 86,9%, mientras que en la medición para 2018 fue de un 76,8%. Desde entonces ha estado creciendo sistemáticamente. Una proporción relativamente alta, 86,8%, se había registrado en 2015, luego de lo cual se había reducido esta sensación de inseguridad, pero precisamente el 2018 cambió la dirección.

La victimización en los hogares por delitos de mayor connotación social (robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo con fuerza en la vivienda, hurto, lesiones, robo de vehículo, robo desde vehículo) tuvo un incremento significativo respecto de la medición anterior —donde se situaba en 16,9 puntos porcentuales—, alcanzando un 21,8% por ciento. Que más de un quinto de los hogares esté afectado por estos delitos, tomando como referencia países de ingresos medios altos y altos, es comparativamente elevado. Se entiende entonces la preocupación de la población. Más aún, cuando hay regiones como la Metropolitana, Arica y Parinacota y Tarapacá donde las tasas de victimización son sustancialmente más altas que el promedio; en la segunda de ellas, más de un tercio de los hogares ha sufrido un delito de alta connotación.

Por cierto, la encuesta no permite concluir que los delitos estén a la baja, como han sugerido, en algunas ocasiones, las autoridades. Es innegable que el país está en un problema serio que requiere seguir innovando en las políticas de combate a la delincuencia. La labor legislativa en este ámbito ha sido intensa, pero es difícil visualizar una estrategia de largo plazo consistente y coherente, tal vez porque este sigue siendo un campo de refriega política improductiva y alejada de la ciudadanía. La única forma de avanzar es trabajar colaborativamente para acordar una agenda ampliamente compartida.