Señor Director:

Claudio Sapelli en su columna de ayer comete omisiones importantes y obtiene conclusiones sesgadas al ignorar el contexto de la educación escolar nacional.

Efectivamente la Ley 20.845 limita la entrega de subvención a nuevos establecimientos, pero esta limitación no considera exclusivamente la demanda insatisfecha, como denuncia Sapelli, sino que también considera la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio, algo que el columnista curiosamente omite.

Por otra parte, esta limitación no responde a un intento de secuestrar a los estudiantes en las escuelas públicas, sino más bien a un diagnóstico compartido entre los expertos sobre el daño de la fragmentación de la oferta escolar. El Informe final del Panel de Expertos para una educación de calidad, presidido por Harald Beyer durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, ya recomendaba en 2011 limitar la entrega de subvención a nuevos establecimientos. El panel propone incorporar como nuevo requisito para la provisión de educación financiada por el Estado un tamaño (matrícula) mínimo para los establecimientos. Ello porque la expansión de la oferta de establecimientos junto con la caída de la matrícula escolar ha llevado a una reducción importante del número de alumnos por establecimiento, diluyendo el financiamiento y afectando eventualmente la calidad del sistema.

Según distintos estudios encargados por el Ministerio de Educación, el monto de la subvención exigiría una matrícula de 800 estudiantes, en promedio, para lograr financiar calidad. Actualmente, existen 8.551 establecimientos de educación escolar regular para una matrícula de 3,3 millones de estudiantes. De estos, el 85% tiene menos de 800 estudiantes. De hecho, el 63% de los establecimientos tiene una matrícula menor a 400 estudiantes, con una matrícula promedio de 145 estudiantes.

La excesiva fragmentación de la oferta es ineficiente económicamente, en recursos humanos y aplana la trayectoria profesional docente. Por lo mismo, no es extraño que los países que destacan por la calidad de su educación tengan medidas para racionalizar la oferta, incluso en países donde se financia la educación privada.

Sylvia Eyzaguirre
Investigadora del Centro de Estudios Públicos