Vistos todos los problemas con el sistema educativo, y la crisis que estamos viviendo en el norte al respecto, quiero llamar la atención a un cambio que ocurre durante el segundo gobierno de Bachelet y que a mi juicio es responsable (silencioso) de esta crisis.

Se trata de la restricción, establecida hace ocho años, a la creación de nuevos colegios particulares subvencionados. El origen de esta restricción es la Ley 20.845 del año 2015 (conocida, curiosamente, como la ley “de inclusión”). En su artículo 2, se introduce en la ley de subvenciones una regulación que habilita al Ministerio de Educación a no permitir que abran nuevos colegios particulares subvencionados. Dicho artículo dice concretamente que: “el Ministerio de Educación aprobará (...) la solicitud solo en caso de que exista una demanda insatisfecha por matrícula”.

Esto sucede, como veremos, después de años en que los colegios particulares subvencionados habían estado creciendo fuertemente y reemplazando a los colegios municipales, porque las familias estaban más conformes con la educación que ellos proveían.

Con esta regulación, si en una comuna hay un colegio municipal que tiene vacantes porque las familias evalúan que lo estaba haciendo mal, entonces eso significa que no se puede abrir un colegio particular subvencionado y la gente entonces será rehén de los colegios públicos (ya sea municipales o adscritos a un Servicio Local de Educación Pública, SLEP).

O sea, la ley levanta evidentes barreras a la entrada de nuevos colegios, quitando una presión que tenían los colegios municipales a hacerlo bien, para evitar que un colegio particular subvencionado los desplazara. Este problema es posiblemente más grave en el caso de Atacama, donde, a diferencia del resto del país, seis de cada 10 estudiantes están “presos” de la educación pública.

El efecto de la ley es clarísimo una vez que se miran los datos. Entre 2004 y 2015 (año de aprobación de la ley), el número total de establecimientos educacionales creció 6%. En ese lapso el número de establecimientos particulares subvencionados creció apreciablemente, en un 42%; en tanto que el número de establecimientos municipales disminuyó en 13%. Los colegios particulares subvencionados estaban desplazando a los municipales. Se veía una clara tendencia que indicaba que las familias estaban prefiriendo la educación provista por los establecimientos particulares subvencionados.

Pero justo ahí se interviene para impedir que dicha tendencia continúe. Como consecuencia, entre 2015 y 2023 los establecimientos particulares subvencionados pasan de crecer 42% a caer 10%, mientras se atenúa la caída en los establecimientos públicos a un 6%. Un drástico cambio de tendencia, como consecuencia de la restricción.

La combinación de la creación de los SLEP con esta radical restricción a la creación de nuevos colegios particulares subvencionados nos devuelve a un esquema regulatorio obsoleto, en que los ministerios son a la vez juez y parte. En este caso, el ministerio relevante es el de Educación. Él es el que aplica la regulación, pero también el que administra los establecimientos. Esto es como darle a la empresa dominante en un mercado el poder de parar la entrada de establecimientos que puedan competir con ella (aun cuando las familias los prefieran).

En un esquema de este tipo los niños son rehenes de la educación pública y no tienen dónde acudir. Como consecuencia, el poder de mercado de los colegios existentes ha aumentado, lo que a su vez les da un gran poder a los sindicatos de docentes. Y en Atacama tenemos un muy buen ejemplo de cómo lo usan.

Las modificaciones en el sistema que se realizaron hace ocho años han demostrado, en los hechos, que no son los cambios que queremos si tenemos el objetivo de educar mejor a los niños como prioridad.

Claudio Sapelli
Instituto de Economía Pontificia Universidad Católica de Chile