Señor Director:

La ministra Tohá dice que no le gusta ocupar los datos oficiales de PDI de denuncias/autodenuncias por ingresos clandestinos, porque pueden tener desfase en las fechas de ingreso y que prefiere usar las cifras de la UCEN, que solo mide a las personas detectadas y detenidas por Carabineros o FF.AA. que resguardan fronteras. Critica a quien le comenta que los datos de PDI son altos, y que no deberían cuestionar los datos oficiales.

Entrando al fondo de los números, según PDI los ingresos 2018 a 2021 fueron 87.792, y de 2022 a octubre 2023 fueron 94.086, lo que muestra una realidad preocupante. Ocupando los números que le gustan a la ministra, en 2021 la UCEN reportó 16.051 ingresos irregulares detectados; en 2022, 25.050, y en 2023, a la fecha, 18.606.

Es cierto que estos números son menores a los ingresos clandestinos reportados por PDI, pero el punto principal es que las FF.AA. no detengan a los migrantes no significa que no entren. Un caso concreto, el de los ciudadanos venezolanos que le lanzaron la granada a la carabinera la semana pasada. Ambos ingresaron en 2022 y no están en los registros de la UCEN ni en el proceso de registro biométrico que realiza el Gobierno. A su vez, los involucrados en el secuestro del empresario en Rancagua tampoco están en los registros de los datos preferidos de la ministra Tohá.

En ese sentido, me parece razonable presentar ambos indicadores. Ahora lo relevante es enfocarse en lo importante, que es evitar que se ingrese clandestinamente a Chile, no prometer visa a quien ingresa ilegalmente, no generar impunidad a quienes cometen delitos y no respetan nuestras normas, y ejecutar la mayor cantidad de expulsiones posibles. Para eso se necesita dejar los sesgos ideológicos de lado y trabajar para un Chile más seguro.

Álvaro Bellolio A.
Director Observatorio de la Migración Responsable