Señor Director:

A propósito de los hechos de corrupción pública que han salido a la luz los últimos días, relativos a los audios entre dos abogados y su cliente, se pone de manifiesto una vez más la urgente necesidad de modernizar el Estado.

Más allá de que esto recién comienza y sin perjuicio del derecho a un debido proceso y la plena vigencia de la presunción de inocencia, lo que se aprecia en los audios por todos escuchados es que personas muy cercanas al Estado parecen tener la capacidad de gestionar favores del aparato público en perjuicio del fisco, de la fe pública y del resto de los chilenos. En segundo plano, aparecen investigaciones sobre posibles infracciones a la ley.

Por ello, se equivoca el ministro Marcel cuando aprovecha este momento para exigir más facultades de fiscalización. ¿Se imagina el lector lo que implica empoderar —aún más— a estos funcionarios aparentemente corruptos, al interior del sistema público? En el extremo, ¿no podrían usar ciertas facultades sancionatorias para su beneficio, ofreciendo luego salidas rápidas?

Todo indica que el Estado debe mejorar sus estándares. No ayuda que el Presidente y su ministro de Hacienda, en vez de asumir que el problema mayor radica en los controles al interior del Estado y del gobierno, ocupen este episodio para insistir en la fallida reforma tributaria. Como se dice en el campo, esto es poner la carreta delante de los bueyes.

Víctor Manuel Avilés H.
Presidente Instituto Libertad