El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, reconoció con franqueza que la empresa no está en condiciones de continuar con la operación de la actual fundición de Paipote. Ella no solo arroja pérdidas financieras, que significan una pesada carga para la compañía, sino que, además, no cumple con las normas ambientales actuales, cuyas exigencias han ido creciendo en el tiempo, por lo que continuar su funcionamiento se ha hecho inviable. La antigüedad de su tecnología, las ineficiencias asociadas a ella, y la imposibilidad de adaptarla a los requerimientos ambientales actuales a costos justificables condujeron a la decisión de no realizar su mantención durante 2024, y de paralizar su operación en enero de 2025 o, quizás, antes.

Enami realiza una actividad que consiste, básicamente, en adquirir mineral o concentrado de pequeños productores —algunos no tan pequeños— a precios y con cargos por servicios prestados tales que les permitan a aquellos mantener su operación —lo que muchas veces tiene implícito un subsidio—, y luego fundirlo y venderlo en el mercado. Por esa razón, la suspensión de Paipote no significa un problema para esos productores, pues Enami seguirá adquiriendo su producto y, de esa manera, la parte más sustantiva de la misión de la empresa se mantendría.

Aun así, subsiste el problema de qué hacer respecto del proceso de fundición: modernizar la actual planta hasta llevarla a los estándares tecnológicos y ambientales de punta; construir una nueva con esos mismos estándares, o, por el contrario, no abordar esa parte del proceso, a causa de las dudas que existen sobre su rentabilidad —ya planteadas por la Comisión Chilena del Cobre—, considerando que se trata de una inversión de envergadura, de al menos US$ 1.200 millones. En el mundo, las fundiciones están concentradas en ciertos lugares —por ejemplo, China o Japón— que pueden estar muy distantes de las minas propiamente tales, porque así logran las economías de escala necesarias para bajar los costos unitarios asociados. Tanto es así que las minas de cobre del país pertenecientes a consorcios privados que operan en diversos lugares del mundo no tienen fundiciones en Chile y, en muchos casos, envían sus concentrados a fundiciones de terceros, fuera de Chile. Esto es indicativo de que no hay un importante valor a agregar con la fundición, y que, por el contrario, instalar una es un proceso riesgoso que ninguna de ellas ha querido acometer.

Sin embargo, en el Gobierno subsiste la idea de que vender concentrados sin agregarles valor mediante una fundición es un error, sin entregar un sustento que dé base económica a esa afirmación, más allá de indicar que se trata de una decisión “estratégica” que busca modificar la matriz productiva del país a lo largo de todo su espectro. De allí el reciente viaje de Mlynarz a China, cuyo objeto era recabar información para licitar los estudios de factibilidad de la fundición, y de prefactibilidad de la planta de refinación y de la de metales, todo lo cual daría lugar a un complejo industrial que agregaría valor al mineral de cobre. La dudosa rentabilidad asociada a ese proyecto, las inquietudes adicionales que hay respecto de la capacidad de Enami de llevarlo adelante, además de operarlo, constituyen una señal de alerta para que esos estudios sean escrupulosamente examinados, y no se termine por malgastar recursos públicos en iniciativas para las cuales los privados no demuestran interés.

Los cada vez más escasos recursos del fisco deben ser utilizados con creciente cuidado, dadas las múltiples necesidades sociales que este debe atender. Naturalmente, ellas tienen mayor prioridad que la fundición.