La comisión de Salud del Senado, posiblemente ante la buena experiencia que significó el trabajo de un primer comité de expertos, ha recurrido nuevamente al mismo expediente, pero esta vez para ir más lejos de una simple ley corta y abordar una reforma profunda al sistema, que considere los cambios que son urgentes de implementar. Cabe anotar que si bien la primera comisión logró en forma unánime una solución al problema que se creó con el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, el Ejecutivo no siguió sus recomendaciones y, más bien, prescindió de ellas. De esta forma, la amenaza sobre la sostenibilidad del sistema actual queda virtualmente inalterada y la reforma a todo el sistema, que es lo que aborda el nuevo comité —tan pluralista desde el punto de vista político como el anterior—, queda bajo la duda de lo que sucederá con las isapres.

Pero los especialistas no tienen ahora el pie forzado del fallo de la Corte Suprema y, por tanto, han podido diseñar sus propuestas sin ataduras. Los avances parecen sustantivos, pues abarcan áreas en las que han existido ideas incompatibles entre sí, como lo es la existencia misma de las isapres, que para algunos no debieran tener lugar en el sistema de seguridad social de Chile. Pese a esas diferencias, en el primer informe hay un acuerdo sobre el papel que jugarían estas entidades. Asimismo, se han logrado avances importantes en el modo de fortalecer al Fonasa, un probable nuevo sistema para las licencias médicas, que significan un gasto cercano al total de los descuentos legales para salud, presupuesto para la atención primaria y otros asuntos que han sido objeto de largas discusiones a lo largo de los últimos años o, incluso, de varios decenios.

El optimismo se ve moderado, claro está, por la experiencia reciente del comité técnico. El Gobierno simplemente no hizo caso de algunas de sus recomendaciones clave y, en esta nueva instancia, la participación del Ministerio de Salud, que constituía una de las fortalezas del grupo, ha sido intermitente y escasa. Es muy posible que los representantes del Gobierno no se sientan debidamente autorizados, pues no ha sido clara la posición de la administración. Una de las grandes promesas del Gobierno era hacer una reforma sustancial a la salud, pero no ha habido iniciativas serias y globales en este campo. El fallo de la Corte despertó la voracidad de quienes querían hacer desaparecer a las isapres, pero más allá de obstruir parcialmente la ley corta, el Gobierno se ha mantenido en silencio. Los representantes del ministerio en el Congreso se muestran abiertos y bien dispuestos, pero llegado el momento de las indicaciones, las autoridades no responden como se esperaba. Así, se ha creado la impresión de que el diseño de salud no depende de los especialistas, sino directamente de La Moneda. El Presidente Boric no ha dicho la última palabra, lo cual mantiene la incertidumbre.

Con todo, se avanza en un diseño general que genera el acuerdo de los especialistas. De acogerse sus propuestas, comenzaría a destrabarse uno de los muchos nudos que mantiene una cierta parálisis en el país. Obviamente, no será solo un gobierno el que resuelva esta materia, sino que será necesaria la participación de todas las fuerzas políticas para darles estabilidad a cambios tan profundos.