La Convención Constitucional y el Consejo Constitucional redactaron anteproyectos de cartas fundamentales partisanos y divisivos, que condujeron al rechazo del primero en 2022 y anticipan un resultado similar para el segundo, en el plebiscito del 17 de diciembre próximo.

Ambos anteproyectos se redactaron de acuerdo con las preferencias ideológicas y partidarias de las respectivas mayorías en la Convención y el Consejo, y excluyeron los puntos de vista de las minorías.

Ignoraron que las constituciones no se guían —no deberían guiarse— por la regla de la mayoría, como las elecciones, sino que por acuerdos y compromisos entre quienes las gestan.

La opción por la regla de la mayoría fue adoptada por republicanos y expresada con claridad por Beatriz Hevia, la presidenta del Consejo, en una columna en este medio: “Es legítimo resolver las discrepancias de manera democrática y constructiva” (“Un consejo para unir a Chile”, 7.10.2023).

El anteproyecto refuerza el orden político neoliberal que tiene Chile desde hace casi medio siglo, sin ocuparse de enfrentar y resolver sus graves debilidades.

El orden político neoliberal se entrelaza estrechamente con la dictadura, que impulsó profundas transformaciones económicas siguiendo un paradigma de neoliberalismo radical, más allá incluso del de Margaret Thatcher. Este redefinió las bases del Estado, la economía y la sociedad, y fue consagrado por la Constitución de 1980, que estableció un ordenamiento político cuyos efectos persisten hasta el presente.

El paradigma neoliberal fue totalizante, porque consideró la política como subordinada al mercado y concibió al ciudadano solo como un consumidor. Se aplicó a todos los ámbitos de las políticas públicas, extendiéndose a la salud, la educación, la previsión y la cultura, los grupos de interés, los colegios profesionales y hasta el urbanismo.

Tampoco fue neutral, porque persiguió objetivos estratégicos: i) contribuyó a la legitimación del nuevo orden político; ii) debilitó a los partidos de izquierda y de centro, y iii) fortaleció las bases sociales y económicas de los partidos de derecha.

Estos objetivos políticos se han cumplido con creces durante estos 50 años: el PDC, que en 1973 y al comienzo de la democracia, en 1990, era el mayor partido del país, ha prácticamente desaparecido; la izquierda tradicional (PS, PPD y PC) es minoritaria, y la derecha obtuvo una amplia mayoría en el Consejo Constitucional.

El anteproyecto del Consejo Constitucional es partisano, entre otros motivos, porque rechaza el Estado social y democrático de derecho como existe en las democracias avanzadas, en torno a instituciones estatales, pues deberá realizarse “a través de instituciones estatales y privadas” (art. 1.3), expandiendo el ámbito de negocios de los privados, guiados por el lucro y el interés particular.

Agrega que “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas” (art. 16.22); para la educación “se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas” (art. 16.23, letra f); para hacer realidad el derecho a la vivienda, “el Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho” (art. 16.29, letra a).

Estas disposiciones se reiteran en el artículo 24 (letra f), al agregar el derecho al agua: “El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y saneamiento, a la seguridad social y a la educación, (cuya) satisfacción (será) a través de instituciones estatales y privadas”.

El anteproyecto hace todo esto y, además, se preocupa de fortalecer la libertad de elegir del individuo en pensiones, salud, educación y debilita los ya restringidos derechos sindicales.

Más aún, el capítulo XVI, “Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo”, dispone que, para cumplir estas tareas,“el Estado promoverá la colaboración público-privada” (art. 207.4).

El orden político-económico neoliberal (“el modelo”) heredado de la dictadura y conservado con pocos cambios estructurales por los gobiernos democráticos posteriores, se refuerza con este anteproyecto. Es incompatible con la democracia, la que requiere de una sociedad económica (Linz y Stepan, 1996) en la que el Estado intervenga en la economía, e instituciones y valores asentados en la comunidad, y no en el individualismo.

Los partidos de derecha están A favor del texto del Consejo Constitucional no solo por convicción, sino también por su históricamente escasa autonomía frente a los intereses de los grandes empresarios y hombres de negocios.

El anteproyecto reafirma tanto los factores institucionales como las políticas que llevaron al estallido social en 2019. De ser aprobado, no será posible la paz social y extenderá el debate polarizado que fortalece a los extremos, entre otros factores, por las nuevas instituciones y cambios legales que se requerirían en el futuro, prolongando la inestabilidad política.

Carlos Huneeus