Al igual que el texto rechazado el año pasado, el texto sobre el cual nos pronunciaremos en diciembre es una propuesta maximalista, con 216 artículos y más de 150 páginas. Varios de los temas que aborda no son materia constitucional sino materia de ley; el resultado parece más el programa presidencial del Partido Republicano que un texto que siente las reglas de convivencia para las próximas décadas.

Imponer políticas de un color ideológico a nivel constitucional generará grados altos de frustración cuando sean electos gobiernos con proyectos distintos. Es un problema que posee la Constitución actual y que el proyecto que votaremos en diciembre profundiza. Más aún, considerando que los quorum necesarios para modificar la propuesta constitucional son mayores que los actuales.

Una pregunta pertinente es por qué voté a favor de la propuesta constitucional anterior si tenía deficiencias análogas. Como expliqué en una columna, mi voto fue por un Apruebo para reformar, ya que había la voluntad para hacer reformas. En esta ocasión, los principales partidos de derecha no han mostrado la menor disposición a aprobar reformas si gana el “A favor”, como si no advirtieran las deficiencias que posee esta propuesta. A continuación mencionaré algunas de estas.

La propuesta constitucional contiene normas que limitarán las posibilidades de tener una política tributaria progresiva y eficiente. En primer lugar, porque elimina las contribuciones de la primera vivienda, uno de los tributos más progresivos y fáciles de recaudar. En la actualidad, solo el 23% de las viviendas paga contribuciones; con el proyecto constitucional, este porcentaje cae drásticamente. Quienes están a favor de la propuesta constitucional justifican esta norma diciendo que favorece a la clase media. Lo curioso de este argumento es que, cada vez que se considera subir el impuesto a la renta, este mismo sector insiste en “ampliar la base tributaria”, es decir, en que se incorpore más a la clase media al pago de este impuesto (actualmente, casi el 80 por ciento de los trabajadores no paga impuesto a la renta).

Otra medida populista y regresiva en materia tributaria es el artículo que establece que “los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia” serán deducibles de impuestos, sin especificar los gastos en cuestión. Esto deberá ser interpretado, seguramente llevará a judicializaciones y surgirán promesas electorales populistas que terminarán reduciendo la recaudación tributaria. También añade un componente de incertidumbre en los ingresos fiscales.

Por otro lado, la propuesta constitucional impone limitaciones importantes a cómo se pueden financiar los derechos sociales, al dificultar la solidaridad en las cotizaciones de seguridad social, descartando modos eficaces de financiar y proveer la salud y la previsión, utilizados en la mayoría de los países más avanzados. Por ejemplo, al establecer que cada persona es dueña de sus cotizaciones previsionales, permite que se judicialice la incorporación de elementos solidarios financiados con cotizaciones. Si el objetivo era proteger las cuentas de ahorro previsional, hubiese bastado con establecer la propiedad de estas; sin embargo, al hablar de cotizaciones en lugar de cuentas individuales, se introdujo una ambigüedad que, sin duda, llevará a judicializaciones futuras. Estas “ambigüedades estratégicas” también están presentes en otros artículos, por ejemplo, en aquellos que permitirán cuestionar el aborto en tres causales. ¿Por qué se incluyó esa ambigüedad si no es con miras a un futuro cuestionamiento de esta ley?

Un tercer tema preocupante es que la propuesta constitucional incluye artículos que limitarán seriamente la capacidad regulatoria del Estado, al exigir que asuntos que hoy se deciden por vía reglamentaria, por ejemplo, por parte de una superintendencia, en el futuro deberán ser decididas por el Congreso, mediante una ley. Con sectores económicos en permanente cambio y un Congreso que ha sido incapaz de lograr consensos en temas tan importantes como pensiones, salud y educación, no cabe duda de que las decisiones no se tomarán con la celeridad requerida. Esto favorecerá a quienes aprovechen vacíos regulatorios para beneficio propio, muchas veces en desmedro del bien común.

Quienes se inclinan por el “A favor” argumentan que su triunfo contribuye a reducir la incertidumbre económica, estimulando la inversión y el empleo, al dar por cerrado el proceso constitucional. Las evaluadoras de riesgo están divididas al respecto. Todo cambio constitucional involucra un período de adaptación que toma años, con incertidumbre acerca de leyes que deben dictarse para aterrizar el nuevo contrato social. A lo cual se agrega la incertidumbre por los fallos judiciales motivados por las ambigüedades inevitables y las intencionales. Llevar a cabo los costos asociados a esta incertidumbre solo se justifica si el nuevo texto es mejor que el anterior.

El 17 de diciembre no se cumplirán las promesas del proceso constitucional que se inició hace cuatro años. No tendremos una nueva Constitución que convoque a una amplia mayoría. Lo más cerca que estuvimos fue con el anteproyecto que entregó la Comisión Experta. Lamentablemente, el Consejo electo optó por desechar ese anteproyecto, introduciéndole profundas modificaciones.

Las constituciones definen la cancha donde se juega el partido de la política. La cancha que define la propuesta que votaremos el 17 de diciembre es una cancha dispareja, donde el ideario de derecha jugará con ventaja. Y lo más grave es que se trata de una propuesta constitucional que hará muy difícil construir el Estado social de derecho acordado, al limitar las herramientas para su construcción y al rigidizar los mecanismos de regulación de mercados. Por todo esto (y mucho más), votaré En contra.