Francisco Vidal Nadie discute que el texto que tendremos que votar a favor o en contra el 17 de diciembre fue redactado por la derecha política y apoyado por todas las otras derechas.

Asimismo, desde un punto de vista ideológico por sus contenidos, este es un texto profundamente neoliberal en lo económico y social, y conservador en lo cultural y valórico. Pero las anteriores afirmaciones hay que demostrarlas con hechos.

En estas mismas columnas hemos escrito sobre lo regresivo e injusto que es la propuesta de eliminar el pago del impuesto territorial en el 23% de los chilenos que, de acuerdo a la ley, debieran asumir este compromiso en sus primeras viviendas. Solo cabe para resumir en este punto que las propuestas de las derechas implican que el 77% de los chilenos que no pagan este impuesto territorial subsidiarán al porcentaje restante que sí paga a través de los impuestos generales que, además, la mitad de ellos se recaudan por concepto de IVA.

Pero el texto tiene otra “joyita” en esta misma dirección, es decir, de una propuesta regresiva e injusta en el contexto de un país que sigue teniendo brechas de desigualdad económica y social. Me refiero al siguiente artículo de la propuesta: “los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de las personas y su familia se considerarán deducibles para la determinación de los tributos que corresponden”.

Este artículo, obviamente, está dirigido a beneficiar a quienes pagamos impuesto a la renta. En Chile, este grupo es algo superior al 20% de los contribuyentes, considerando que casi el 80% de estos están exentos del pago de este impuesto, porque la ley vigente establece que aquella persona que tiene ingresos iguales o inferiores a 13,5 UTM, es decir, alrededor de 800 mil pesos mensuales, no paga dicho impuesto.

Esto significa que esta propuesta está dirigida a que reduzcan su aporte tributario los sectores de mayores ingresos relativos. Para colocar e ilustrar con un ejemplo concreto, quiero relatarles que, hace un tiempo, invitado por el centro de alumnos del colegio Verbo Divino a un foro sobre el texto a plebiscitar, le consulté al rector del establecimiento, presente en el foro, cuánto era la mensualidad que cancelaban los padres y apoderados de esos alumnos. Me contestó que eran 640 mil pesos mensuales. Con esta propuesta, si un apoderado tiene dos hijos estudiando en dicho establecimiento, lo que equivale a 12 millones 800 mil pesos anuales, cuando presente su declaración de impuestos, exigiría al SII que le reste de su pago este “gasto objetivamente necesario para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia” que, sin duda, es la educación de sus hijos.

Cuando se consideran todas las cifras y datos disponibles, pensando que nuestro país sigue siendo, a pesar del crecimiento económico de las últimas décadas y de la reducción sistemática de la pobreza en el mismo periodo, uno aún desigual, este artículo del texto de las derechas profundiza dicha desigualdad.

Cabe recordar que, en Chile, el impuesto a la renta aporta dos puntos del producto, mientras que en los países de la OCDE, estas cifras se elevan a 8 puntos del producto; así mismo, en un cuadro más general, la presión tributaria sobre el producto en Chile alcanza menos del 21%, mientras que en la OCDE, se sitúa en el 34%.

Adicionalmente, hay que considerar que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el salario promedio en Chile es de 755 mil pesos y la mediana de 502 mil pesos. De acuerdo al mismo instituto y al Servicio de Impuestos Internos, los contribuyentes que tienen salarios iguales o superiores a un millón de pesos mensuales son solo el 20%, y los contribuyentes que tienen ingresos iguales o superiores a tres millones de pesos mensuales son solo el 2% de aquellos.

Considerando todo lo anterior, el texto de las derechas no solo rectifica para disminuir las desigualdades económica y sociales, sino que las profundiza.