En la historia de los plebiscitos constitucionales hay solo un puñado de instancias en que la ciudadanía ha rechazado propuestas para reemplazar la Carta Fundamental. De todas las veces en que congresos o asambleas constituyentes han sometido a tal escrutinio propuestas de un nuevo texto, solo en alrededor del 5% de las oportunidades la respuesta popular ha sido negativa. De rechazarse en diciembre el borrador del Consejo Constitucional, como sugieren hasta ahora los sondeos de opinión, Chile se convertiría en un raro caso que abultaría esta cifra, tanto en términos históricos como globales. ¿Cómo explicar que cerca del 95% de las veces, en los más variados contextos, la gente haya aceptado las propuestas de sus élites o representantes? Dejando de lado aquellos casos que no cumplen con estándares democráticos (y que desgraciadamente no son pocos), se podría suponer que las propuestas de cambio constitucional han respondido, en su gran mayoría, de manera fidedigna a los anhelos de las mayorías ciudadanas frente a una situación excepcional como la que origina la decisión de un reemplazo constitucional. Es importante señalar que no todos los reemplazos constitucionales en contextos democráticos cuentan con ratificación plebiscitaria. Muchas veces basta con que el órgano redactor se considere suficientemente amplio y representativo para legitimar su decisión. Sin embargo, nuevas constituciones aprobadas con alta legitimidad, como las de España en 1978, Brasil en 1988 o Colombia en 1991, obedecieron a grandes acuerdos nacionales que fueron capaces de plasmar en un texto ampliamente aceptado un anhelo de cambio de ciclo político. En Chile, tal anhelo se expresó con claridad en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Sin embargo, ese abrumador deseo de cambio constitucional no tuvo un correlato en las elecciones de los órganos constituyentes electos en mayo de 2021 con voto voluntario y en mayo de 2023 con voto obligatorio. En ambos casos, las asambleas electas tuvieron mayorías inusuales, en las que actores nuevos jugaron un papel clave en la definición del texto: independientes en la Convención Constitucional de 2021, y el Partido Republicano, nacido en 2019, en el Consejo Constitucional de 2023. Al margen de las condiciones de contexto, que fueron muy importantes en ambas elecciones, y del efecto reactivo que tuvo la primera sobre la segunda, es indudable que el producto de ambos ejercicios no fueron textos que dieran suficientes garantías a los distintos sectores políticos. El ambiente en ambos órganos representativos fue menos propicio a la búsqueda de mínimos comunes que a la polarización y la falta de consideración por las preferencias de la minoría. Algunas investigaciones sobre procesos constituyentes han concluido que, en sociedades fuertemente divididas, es mejor para la estabilidad del futuro sistema político diferir al debate político normal los asuntos más controvertidos, en lugar de tratar de establecerlos en la Constitución. Eso es precisamente lo que buscó la dictadura militar con la Constitución de 1980: sustraer del debate ciertas definiciones culturales y de la relación entre lo público y lo privado. Este problema se perpetúa y agudiza con la actual propuesta del Consejo. Aspectos controversiales como los derechos sexuales y reproductivos, el modelo de las isapres y las AFP, los derechos laborales y otros quedan establecidos de una manera que no se condice con las preferencias reflejadas en encuestas de opinión y movimientos sociales en Chile. Así como la Convención Constitucional tuvo problemas para sintonizar con la ciudadanía, como quedó demostrado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, el Consejo fue incapaz de aprender de los errores del primer proceso, y de los acuerdos alcanzados con gran dificultad por la Comisión Experta.

Los procesos constituyentes exitosos han logrado representar un anhelo compartido de reforma. En cambio, la reciente experiencia chilena ha mostrado la fragilidad de nuestros mecanismos de mediación política y ha sido incapaz de sintonizar con las preferencias del electorado. Nuestros plebiscitos constitucionales se han parecido más a los referéndums del Brexit o de Colombia en 2016 que a procesos constituyentes con deliberación pública y plataformas programáticas capaces de construir grandes acuerdos para dar vuelta la página sobre un grave problema institucional. La tarea hoy es tomar conciencia de esta fragilidad política para prevenir los peligros que acechan a las democracias contemporáneas.

Claudia Heiss
Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.