Si bien es todavía prematuro dimensionar en toda su gravedad y extensión las distintas aristas abiertas tras la filtración de un audio en que se escucha a un reconocido abogado litigante que, de forma desembozada, se confabula con un cliente y otra abogada para cometer una serie de delitos —que incluyen actos de corrupción a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)— como fórmula para enfrentar la defensa de dicho cliente, los hechos conocidos hasta ahora justifican con creces la conmoción producida. Además de la responsabilidad de todos quienes puedan haber participado en delitos, en este caso hay una dimensión que no se puede soslayar: es la propia legitimidad y credibilidad de organismos del Estado claves para el funcionamiento institucional la que se ve cuestionada.

No aquilatar en toda su importancia esta situación ni enfrentarla con la rapidez y profundidad requeridas puede tener efectos sistémicos de consecuencias insospechadas, al terminar socavando la credibilidad de las bases mismas de nuestra convivencia democrática. En efecto, la percepción de que el recto funcionamiento de las instituciones pueda ser torcido mediante prácticas inescrupulosas resulta incompatible con la existencia de un Estado de Derecho y con el principio elemental de igualdad ante la ley. No menos graves son los alcances involucrados en el ámbito económico, al aparecer cuestionados no solo el cabal cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de distintas empresas y personas naturales, sino también las confianzas elementales que sustentan la operación de un mercado de valores. La eventual existencia de agentes económicos que, recurriendo al soborno, intentan escapar a la fiscalización de sus conductas debe ser repudiada con especial fuerza.

A la luz de lo expuesto, se hace evidente la premura que cabe exigir a las instituciones mencionadas y, sobre todo, al Ministerio Público, que es el ente persecutor por excelencia, para que reaccionen con prontitud, den cuenta del alcance de sus indagaciones y hagan valer las responsabilidades correspondientes. En este sentido, si bien es valioso que la propia Fiscalía Regional Metropolitana Oriente haya abierto de oficio una investigación penal, ciertas declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, en cuanto a que “esto va a requerir una investigación que es larga, no va a tener resultado inmediato” o en que resalta los problemas de financiamiento y presupuestarios que tienen, resultan preocupantes, porque se alejan del sentido de urgencia requerido. Las atribuciones del Ministerio Público para liderar estas investigaciones son amplias, y es esa autoridad que le confiere la ley la que se espera se ejerza con fuerza para esclarecer los hechos. Cualquier señal de debilidad del ente persecutor, por involuntaria que sea, contribuye a aumentar la desconfianza en las instituciones. Naturalmente el debate presupuestario es relevante, pero tiene otros canales de discusión definidos, y es ahí donde el Gobierno debe tener la mejor disposición para estudiar los requerimientos.

Otro aspecto insoslayable es el referido a las dimensiones éticas de la profesión de abogado, que recibe con este caso un duro golpe. Se expone aquí con crudeza el grado de distorsión que puede sufrir el ejercicio profesional cuando cualquier medio, por delictivo o deshonesto que fuere, parece ser legítimo para conseguir un propósito. Muchas dudas se abren acerca de que lo conocido no sería un hecho aislado en el mundo jurídico, particularmente en el litigio penal, pero no exclusivamente en este.

El origen de la grabación, su filtración y otros elementos que puedan develarse en el transcurso de la investigación debieran permitir arribar a un juicio más certero y global respecto de qué hay detrás de estos hechos y qué se pretendía con dicho registro. Un factor central en el juicio penal correspondiente será el debate sobre la validez de este medio de prueba, los alcances del secreto profesional del abogado y el valor que se le asigna al evidente interés público comprometido. Con todo, y más allá de lo que se resuelva en derecho y del respeto a la presunción de inocencia, no deja de ser un contrasentido que se hable de secreto profesional, cuando el audio muestra que hace mucho rato se cruzó la línea de una asesoría legal y se entró derechamente en una conspiración para delinquir, la que nada tiene que ver con la labor de un abogado.