El principal obstáculo que confronta el plebiscito procede de la distancia que tomó el público en torno a este proceso. Sea por apatía, hastío o desprecio —se han esgrimido infinitos adjetivos—, parece predominar la inercia por ir En contra. Diría que esta indiferencia a veces agresiva es la mitad de las razones para comprender la situación actual. La pasión constitucionalista que coge la imaginación de nuestros pueblos es muy intermitente. Proveniente quizás de supersticiones secularizadas, se ha hecho carne de la mentalidad de nuestra América; por algo, si se aprueba el proyecto del Consejo, será la número 253 de la región (parece que a nadie le escandaliza). Sin embargo, se activa por pulsiones pasajeras, y ahora se congeló el fervor de las masas de Chile, encendido a todo fuego el 2019.

La otra parte, la cara visible del problema, nos es más conocida. El Consejo Constitucional no supo o no se preocupó desde un comienzo de comunicar al público el sentido de lo que se redactaba; ahora se deberá explicar en exiguas cuatro semanas. El proyecto resultante es demasiado largo (mucho menos que el de la malhadada Convención); la extensión enredará algunos aspectos interpretativos, amén de que no lo hará muy receptivo al público interesado; no será fácil transmitirlo a los escolares, aspecto no poco importante.

Frente a la crítica por no representar a una totalidad —imposible de alcanzar en su pureza—, hubiera sido suficiente un texto más corto, orientado en lo básico a la tradición de las democracias realmente existentes, solo añadiéndole las promesas del Rechazo (Estado social y algunos consensos básicos en otros temas), delineando en general grandes objetivos de las democracias actuales y enunciando áreas donde debería concentrarse la preocupación legislativa y política. En cambio, puso en el texto temas más propios del debate legislativo. Solo por nombrar uno, el de las contribuciones, que nadie sabe por qué diablos debe ir en una Constitución, y que me parece impresentable en lo social y en lo económico. Lo de “verdaderos chilenos” fue lo mismo, hacerle el juego a la Convención. Les entregó argumentos para rechazarlo a la izquierda dura —minoría bastante numerosa— y a otros que arrastra, e incluso algunos con desparpajo ahora encuentran virtudes en la Constitución de 1980/2005. Estos apenas esconden su voluntad de que el sistema continúe herido para rematarlo en un momento propicio, de esos que siempre arriban.

Entonces, ¿por qué uno debiera aprobar el texto? Primero, no se le puede comparar al producto de la fenecida Convención, más una pieza de vaudeville y manifiesto de populismo radical antes que una Carta viable. El documento del Consejo está muy lejos de eso. En lo esencial, recoge la correcta tradición constitucional chilena y de las democracias importantes del globo. Refuerza de manera razonable el carácter del Estado social, que ya estaba en la de 1980. Y es también explícito en la dualidad Estado/mercado —o sociedad civil económica, como prefiero denominarla— teniendo en cuenta las tentaciones surgidas en la historia de Chile.

Por ahora el A favor las tiene en contra y no será fácil levantar sus banderas. El debate de las próximas semanas y la explicación atinada a los votantes debería centrarse en estos aspectos. Una segunda y fundamental consideración, la conservación de la Carta de Pinochet/Lagos (más bien de este), que tiene mucho a su haber, va a mantener la herida de su origen, aprobada por medios ya inaceptables en la segunda mitad del siglo XX. La suma de estas dos consideraciones es la que nos debería llevar a aprobarla.