La dictadura de Nicolás Maduro usa variadas estrategias para esquivar o demorar toda iniciativa peligrosa para su objetivo de perpetuarse en el poder. Tanto las elecciones previstas para 2024 como las investigaciones que efectúa el fiscal Karim Khan en la Corte Penal Internacional (CPI), sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, podrían terminar con Maduro fuera del poder, y eso el chavismo no lo puede permitir. Por ello, echa mano a cualquier argucia para evitar que esos procesos culminen.

En el caso de los comicios, Caracas llegó a un acuerdo para ir a las urnas el próximo año, en el que se comprometió además a permitir el acceso a todos los aspirantes opositores, lo que sin embargo ya parece no estar cumpliendo. Apenas la oposición eligió a María Corina Machado como su candidata, altas autoridades catalogaron las primarias de “fraudulentas”, y la Corte Suprema —manejada por el régimen— las dejó “sin efecto”. María Corina sigue inhabilitada y nadie sabe cómo continuará ese proceso, que debería contar con veedores internacionales, como la Unión Europea o el Centro Carter, a cuyos representantes el presidente del ente electoral ya les advirtió que no aceptaría “injerencias”.

Aunque Maduro diga que “habrá elecciones con sanciones o sin sanciones”, es improbable que él se arriesgue a perder la votación si se hace bajo parámetros democráticos. Y si EE.UU. vuelve atrás en su decisión de levantar el bloqueo, el dictador (“no acepto chantajes”, dijo) siempre podrá culpar a las medidas punitivas del “imperio” como la causa de todas las penurias venezolanas. De la misma forma que lo ha hecho el régimen comunista de Cuba durante 64 años.

En la CPI, Maduro está lidiando con la justicia internacional que no se amedrenta con sus bravatas, ni tiene que sopesar razones políticas, estratégicas o económicas, como lo hacen Washington y sus aliados. Levantar la prohibición de comerciar petróleo con Venezuela en medio de la guerra de Ucrania fue una decisión que evaluó todos esos elementos. En la CPI nada de eso cuenta, solo vale el criterio jurídico. Caracas usa las apelaciones como estrategia dilatoria, logró una vez suspender la investigación aduciendo que los casos estaban en tribunales nacionales. En junio, sin embargo, se permitió a la Fiscalía reanudarla porque se demostró que no había avances. Entonces, en otra movida para eludir la acción de la CPI, Maduro apeló a la Corte señalando que la Fiscalía no les daba información adecuada sobre los casos que estudiaba, y por eso no podían resolverlos. Las audiencias de la semana pasada en La Haya permitieron a los jueces oír a todas las partes, incluidas, por primera vez, las víctimas y sus familiares.

La Corte deberá emitir un fallo en los próximos meses, pero aunque sea favorable y permita a la Fiscalía seguir sus pesquisas, Maduro podrá todavía ganar tiempo antes de que se dictamine si él y su entorno cometieron crímenes de lesa humanidad. Es decir, ni las elecciones ni la CPI aseguran que Maduro deje a los venezolanos recuperar pronto la democracia.