El ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, acaba de nombrar a la abogada María Elena Leiva Carvajal como titular de la Primera Notaría de San Miguel, en la comuna de Lo Espejo, que además de ser hermana, tía y sobrina de varios notarios, es hermana del diputado del Partido Socialista Raúl Leiva, quien preside la comisión de Constitución de la Cámara. Si bien se desempeñaba en esa notaría como notaria suplente por dos años, solo recibió el título de abogada el año 2020, y es egresada de la Universidad de Las Américas. El decreto, por orden del Presidente de la República, por el que se la nombra es del 23 de octubre de 2023.

Como los otros dos postulantes no quisieron seguir en la terna, el ministro de Justicia indicó que ella era la única elegible, ya que al proponerse la terna por la Corte de San Miguel el primero desistió y el segundo es una persona que había sido nombrada en otro cargo de notario en Copiapó. El problema es que había muchos más candidatos para que la Corte propusiera una terna: fueron 10 los aspirantes, y la Corte de San Miguel tuvo un empate por 11 votos a favor de María Elena Leiva y Hernán Herrera Arados, pero en la terna se incluyó solo a María Elena Leiva, que tuvo una ponderación más baja que el señor Herrera.

Nos parece que la explicación del ministro de Justicia es bastante compleja, porque él debió proponer a la Corte de San Miguel que se completara la terna y no nombrar a la candidata que era la única elegible. En esto se equivoca el ministro de Justicia, por mucho que señale que este sistema de nombramientos no le agrada al Gobierno. Hasta el mismo diputado, hermano de la nombrada como notaria, señala que nunca intervino para favorecer su nombramiento.

No puedo sino compartir la opinión de varios juristas que se han pronunciado a este respecto luego de que la reforma al sistema de nombramiento de notarios y conservadores no haya avanzado nada en el Congreso. Este sistema de nombramiento configuraba un concurso de antecedentes, sobre ciertas bases, que debía resolver en una terna la Corte de Apelaciones respectiva siempre con fundamentos, y el Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros, consejo que estará integrado por el ministro de Justicia, un funcionario designado por el Consejo de la Alta Dirección Pública y un decano de una Facultad de Derecho designado por el Consejo de Rectores.

No parece conveniente que el Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios esté integrado por el ministro de Justicia, ya que esto se presta para malos entendidos, puesto que se trata de un ministro al que seguramente le llegarán presiones y peticiones de lado y lado.

Lo que tal vez pueda parecer más razonable es que se encargue estos nombramientos de notarios, y en esto coincido con Luis Cordero, nuestro ministro de Justicia, al Consejo de la Alta Dirección Pública, para evitar así sesgos de nepotismo o de decisiones arbitrarias fundadas en lazos familiares. Por cierto, se trata de hacer un concurso en que cada postulante demuestre sus méritos y sus conocimientos, que sea competitivo y más aún que esté sujeto a ciertos parámetros de desempeño que sean comunes.

En suma, con este episodio ha quedado en evidencia que una abogada de la Universidad de Las Américas que solo recibió el título el año 2020, no estaba preparada para asumir la dirección de una notaría, puesto que seguramente la Corte de San Miguel la incluyó en la terna por su parentesco con destacados notarios, así como por ser hermana de un diputado de la República. Más absurdas son las declaraciones del ministro de Justicia respecto de que era la única elegible y que no procedía que se hiciera otra terna.

Se trata de un caso en que nuevamente los lazos familiares y políticos inciden en la decisión, como ha sucedido en todos los nombramientos de notarios y conservadores a lo largo de nuestra historia republicana, lo que revela el grado de amiguismo y nepotismo que hay en todas estas designaciones.

Es hora ya de que el nombramiento de notarios y conservadores sea lo más transparente posible y que no sea percibido como un otorgamiento de favores a familiares o a políticos que no desean estar en la palestra y permanentemente expuestos al escarnio y a la crítica públicas.