Los recientes fallos de la Corte Suprema relacionados con la tabla de factores de las isapres y la prima GES, pusieron a la industria en una condición de potencial insolvencia financiera, producto de la cual se podría generar una crisis sistémica de salud, tanto pública como privada, al comprometer también la sustentabilidad de los prestadores privados que resuelven un alto porcentaje de problemas de beneficiarios del sistema público.

El Ejecutivo, ante la grave crisis que se podría generar, envió un proyecto de ley denominado ley corta, con el propósito de buscar a través de la vía legislativa una solución que pudiera permitir que por los eventuales efectos de los fallos, el sistema mantuviera su sustentabilidad y no se pusiera en riesgo la atención de los pacientes.

Un componente del proyecto obedecía a la necesidad de, mediante esta ley, salvaguardar el sistema privado de salud y cumplir con los fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Con este propósito, la comisión de Salud del Senado constituyó una comisión experta, con representantes de todo el espectro político, además de expertos de Espacio Público, Libertad y Desarrollo y Fundación Jaime Guzmán, junto con académicos de la Facultad de Economía de la U. de Chile. Participaron también representantes del Ministerio de Hacienda, de Salud, de la Superintendencia de Salud y de la industria.

El mandato que emanó de la comisión de Salud fue establecer una solución que permitiera resguardar a los pacientes, logrando perpetuar la sostenibilidad financiera del sistema con estricto apego a los fallos de la Corte Suprema. Después de un intenso trabajo de tres meses, en los que se deliberó abiertamente, entre todos los participantes, se propuso de manera unánime una propuesta que respondía de manera fiel al mandato. Esto se logró porque desde un principio, cada uno de quienes participamos en ella, entendimos la responsabilidad que teníamos y cómo debíamos responder a las personas que vieron en este trabajo un camino de solución para terminar con las incertidumbres y amenazas frente al fallo de la Corte Suprema.

Se trataba de un mandato de salud pública, donde debíamos poner al paciente en el centro, y en que la tarea encomendada por la comisión de Salud del Senado obedecía a que ellos habían asumido el liderazgo que se requería para evitar una catástrofe sanitaria.

La dinámica de la comisión nos permitió recoger los consejos del asesor del ministro de Hacienda, contar con la pluma lúcida del asesor jurídico de la ministra de Salud, con el análisis de salud pública de los asesores de la ministra, con el conocimiento y análisis experto de sendos economistas de los centros de estudio y con la confianza que pudimos construir entre quienes coordinamos la comisión.

Aun cuando siempre entendimos que las conclusiones de esta no eran vinculantes, teníamos la esperanza de que fueran recogidas para evitar la crisis, más aún cuando contamos siempre con el apoyo político de los senadores de la comisión.

Finalmente, las indicaciones enviadas por el Ejecutivo para perfeccionar la ley corta se alejaron completamente de los contenidos del informe y establecen una sentencia al sistema de salud, cuyas consecuencias —de no corregirse— las mediremos en pacientes que no se podrán atender, que deberán suspender sus terapias o que no podrán hacerse sus cirugías. ¿Qué ocurrió entre el trabajo donde estuvieron representados todos los sectores políticos y representantes del primer nivel del Ejecutivo, con el apoyo del Senado, y las indicaciones finalmente entregadas por La Moneda?

Para los médicos será difícil explicarles a los pacientes cuál es el nombre de la enfermedad que incluso los puede llevar a fallecer, y para los familiares, identificar el agente responsable de esta eventual calamidad. Parece ser que Chile está enfermo.

Dr. Emilio Santelices C.