Señor Director:

El expresidente Ricardo Lagos ha modificado en diversas ocasiones su valoración de la Constitución vigente. Al reformarla y estampar su firma en ella, el año 2005, afirmó con tono solemne que “despuntaba la primavera” y por fin gozábamos de un “piso institucional compartido”. No obstante, luego de octubre de 2019 sostuvo que la “principal semilla” de la crisis residía en la Carta Fundamental que nos rige. Ahora, al defender su voto En contra para el plebiscito de diciembre, nos dice que, en caso de imponerse esa alternativa, igualmente “tenemos una Constitución desde la cual avanzar”.

Más allá de los excesos retóricos, esos cambios de opinión no resultan necesariamente infundados o erróneos. Hasta cierto punto, la política consiste en la prudente capacidad de adaptarse a las circunstancias variables. La pregunta, sin embargo, es si existen razones que logren justificar (o no) una u otra posición. Y es en este plano donde el exmandatario hoy no parece estar a la altura de su trayectoria.

En efecto, basta contrastar su decisión actual con su razonada abstención de cara al plebiscito de 2022. Ahí, Lagos no se limitó a ofrecer meras cuñas o consignas generales. Por un lado, criticó a la fallida Convención por abrazar la plurinacionalidad, eliminar el Senado y desmantelar el Poder Judicial, entre otros problemas. Por otro lado, señaló que, de triunfar el Rechazo (como ocurrió), el país debería trabajar por “eliminar las leyes orgánicas constitucionales”, “consagrar el Estado social y democrático de derechos”, “asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer” y “reconocer a los pueblos originarios”, entre otras recomendaciones.

Pues bien, la nueva propuesta constitucional podrá gustarnos más o menos, pero incorpora expresamente dichas recomendaciones y no incurre en aquellos problemas.

Quizá el expresidente podría replicar que no fueron acogidas todas sus sugerencias. Pero si la condición para avalar el cambio constitucional era aceptar todas las demandas suyas o de las izquierdas, la conclusión no sería muy alentadora. Básicamente, significaría que es su mundo político —Lagos dixit— el que se cree con “el derecho de imponer su veto al resto de los chilenos”.

Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES