Mientras hacemos una pausa para disfrutar de los Juegos Panamericanos como los países normales, compartiendo orgullos y alegrías, la izquierda va terminando de afinar su narrativa para justificar su “en contra” al texto constitucional.

El cambio de perspectiva que nos están ofreciendo no solo es sorprendente. Diría incluso que es ofensivo para la inteligencia de los electores.

Fue la izquierda la que abrió el debate constitucional mucho antes de 2019. Ha sido un anhelo largamente acariciado, primero en la intimidad de sus partidos, para emerger luego a la cancha política como un imperativo democrático.

Encontró en el estallido la oportunidad perfecta. A sus ojos (fue al menos lo que se nos dijo), la ciudadanía se movilizaba para demandar un nuevo pacto social, que exigiría derogar la Constitución de 1980.

Impulsar en el Congreso la reforma firmada por Michelle Bachelet una semana antes de terminar su segundo mandato le parecía insuficiente. Ahora la Constitución debía ser escrita íntegramente en democracia. Lo repitieron una y otra vez: que hubiera sido ampliamente reformada y llevara la firma de Ricardo Lagos no borraba su sello de base, seguía siendo la de Pinochet.

Cuatro años después, con dos sonoras derrotas a sus espaldas, el rechazo a la Constitución que soñaron y la elección de un Consejo en el que quedó en minoría, esa misma izquierda, nos dicen que la vigente en Chile es, en realidad, la del Presidente Lagos, ya no la de Pinochet. Y que, con la misma Constitución que hasta hace semanas les parecía inviable, se puede gobernar razonablemente.

Califican como de derecha un texto constitucional que parte definiendo a Chile como Estado social de derecho (su propia conquista), mandata al Estado a cerrar brechas entre hombres y mujeres y a adoptar medidas para el cambio climático; con reconocimiento de los pueblos indígenas y la diversidad intercultural.

Mire usted lo que resaltaba la expresidenta Bachelet de su propia reforma en el 2018: “Una nueva Constitución que reconozca y proteja categóricamente las garantías y deberes de los ciudadanos, los derechos humanos y los pueblos indígenas, recogiendo de esta manera la demanda nacional por una nueva Carta Fundamental legítima, nacida de un proceso democrático, institucional y participativo”.

No estamos para ingenuidades, la definición de la izquierda no es sobre el texto, sino sobre su propio futuro.

Sus dos mundos, PC/FA y Socialismo Democrático, están diciendo lo mismo: nunca buscamos bases institucionales consensuadas, sino la definición de un proyecto ideológico; como esta vez los chilenos nos negaron la mayoría para escribirlo íntegramente, apostamos a mantener el debate abierto, tragándonos la Constitución de Pinochet, hasta que seamos capaces de reeditar un escenario al límite, como el de octubre de 2019.

Se busca también, hay que decirlo, una noche de triunfo. Si la tienen, será efímera. A partir del día siguiente, se acabaron los argumentos para justificar los problemas de un gobierno que decepciona incluso a los suyos.

Cerrar el debate constitucional deja a la izquierda desnuda frente a la realidad. Mantenerlo abierto es la oportunidad de renovar la promesa de viejos deseos, en un futuro indeterminado. De fondo: la búsqueda de condiciones para una asamblea constituyente.

El envidiable talento para crear símbolos, sin embargo, no da para tanto. Fue la izquierda la que abrió este debate. Fue suya la idea de una Constitución “100% democrática”. Si se rechaza este proceso, fracasa una de sus ideas matrices en un país que probablemente ha aprendido la lección. Sería una derrota muy fuerte.

Isabel Plá