Lloró la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, al ver aprobarse el nuevo proyecto constitucional, sin ningún voto en contra de la derecha.

Lloró, en su última intervención en el Consejo Constitucional, al presenciar el rotundo fracaso de lo prometido: “Una que nos una”. Este ha sido desde el comienzo el objetivo fundamental del proceso constitucional que se abrió para superar el estallido social de octubre de 2019.

Esta nueva propuesta no partió de una hoja en blanco, sino de un texto suscrito por una Comisión Experta. De nada sirvieron los esfuerzos profesionales y la generosidad política de 24 especialistas —representantes de todo el espectro— para consensuar ese primer escrito.

Nadie saltó de alegría frente a ese diseño. Y es que no había ganadores, no era el proyecto de un sector específico, sino una propuesta transversal, que establecía una cancha apta para un debate libre y democrático, sin camisa de fuerza para proteger un determinado sistema político, económico, social y cultural. De eso se trata el ejercicio constitucional. Sin trabas, el voto democrático determinaría las transformaciones que el país ha demandado de tantas formas. Una hazaña, en un escenario donde el diálogo parece pecado.

En el Consejo Constitucional, dominado completamente por el poder de veto del Partido Republicano, aquel texto fue radicalmente mutilado.

Lo que la ciudadanía votará en diciembre es una propuesta más conservadora y rígida que la Constitución del 80. El Estado subsidiario queda consolidado, con una participación del sector privado, con menos restricciones y controles. La libertad de elegir una mejor salud, educación o pensión, al alcance solo de quienes tienen dinero suficiente, quedará constitucionalizada y más difícil de reformar. Grave si se considera que la mitad de los habitantes en Chile tiene un ingreso de $502.604 o menos.

La desconfianza en el Estado y la fuerza ideológica del neoliberalismo es tal, que incluso se constitucionaliza una reforma tributaria. No solo la primera vivienda dejará de pagar contribuciones (disposición criticada por economistas conservadores), sino que los gastos “para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia” se podrán descontar de impuestos, beneficiando a quienes más pagan. Esto, entre otras medidas que limitan los ingresos del Estado para cumplir con sus obligaciones.

Paradójicamente, ese mismo Estado se empodera cuando se trata de seguridad, con facultades que no existen en otros países democráticos. Por ejemplo, el Presidente, con acuerdo del Congreso, podrá declarar estado de sitio —el estado de excepción más severo, que se usa en caso de guerra interna—, simplemente calificando un acto como terrorista. Se crean, además, diversas instituciones que no se sustentan en la evidencia ni resuelven los problemas.

El texto retrocede en asuntos civilizatorios que ya parecían zanjados en nuestra sociedad, como el aborto en tres causales, el acceso a la píldora del día después, la inclusión escolar sin discriminaciones y el castigo efectivo a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

En este contexto, el resultado del plebiscito de diciembre es baladí. Las dos opciones —la del Partido Republicano y la del 80— son igualmente inútiles para sacar al país del malestar que se expresó en 2019 de manera multitudinaria a lo largo de Chile.

Prácticamente nada se ha avanzado en estos cuatro años. El Gobierno intenta reformas que chocan con normas constitucionales y con un Parlamento mayoritariamente opositor, donde reinan la incapacidad de dialogar y la mirada puesta en las próximas elecciones.

El país está hoy más tenso y polarizado. Con un centro inocuo, el Partido Republicano —sintiéndose en las puertas de La Moneda— se tragó completo a Chile Vamos con todas sus voces críticas, incluyendo a la díscola Evelyn Matthei. Logró estructurar un texto que no soluciona los problemas, pero que —de ser aprobado— será el trofeo de la ultraderecha para avanzar en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. El camino quedaría despejado para que, si conquista el gobierno, la derecha, liderada por José Antonio Kast, pueda imponer con facilidad su programa.

Después de dos intentos, el proceso no logró su objetivo. El malestar social está intacto. Seguiremos sin una Constitución moderna, que asegure de verdad un Estado social y democrático de derecho. La dirigencia política sigue en deuda con el país, por eso la congoja de Verónica Undurraga. No es la única.

Patricia Politzer